El homicidio de José Erlery Velasco, un referente de la organización campesina en el municipio de Balboa, Cauca, se convirtió en el crimen número 102 contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia durante lo corrido del año 2025.
Según precisó Indepaz, el crimen de Velasco ocurrió en la vereda La Esperanza mientras realizaba tareas agrícolas, hecho que pone en manifiesto el nivel de riesgo al que se exponen quienes promueven la defensa de los derechos humanos en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales es persistente.
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Velasco no solo era conocido por su activismo, sino también por su participación política y comunitaria. Integró la Asociación Campesina Ascatbal y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM), desde donde impulsó la defensa de los derechos de las comunidades rurales.
Además, fue candidato a la Alcaldía de Balboa en las últimas elecciones y miembro de la organización Unidad Sur, plataforma desde la que promovía iniciativas para el desarrollo del sur del Cauca. Entre sus luchas más reconocidas se encontraban la protección del río Patía y la organización de movilizaciones para exigir mejoras en la vía El Mango.
Según la Defensoría del Pueblo, tanto la Alerta Temprana 047/20, que abarca a Balboa, como la AT 019/23, dirigida a líderes y defensores de derechos humanos, advierten sobre el peligro constante que enfrentan estas personas, ya sea de manera individual o colectiva, por su labor en distintos sectores sociales.
El contexto en el que se produjo el asesinato de Velasco está marcado por la presencia de múltiples actores armados ilegales. En la zona operan el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental -EMC-, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Frente Diomer Cortes, la Columna móvil Fredy Ortiz, la Segunda Marquetalia y diversas bandas de carácter local. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de estos grupos representa una amenaza permanente para la población civil y, en particular, para quienes ejercen liderazgo social.
La Defensoría del Pueblo ha subrayado que la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos se desarrolla en un escenario de riesgo agravado por la presencia de estos grupos armados, que recurren a la violencia para imponer su autoridad y restringir el ejercicio de derechos fundamentales.
La muerte de Velasco, sumada a la de otros 101 líderes en lo que va de 2025, evidencia la urgencia de medidas efectivas para proteger a quienes, desde el territorio, sostienen la defensa de los derechos y la vida comunitaria.
Asesinato de Álvaro Roncancio en Valle del Cauca, el número 101 en 2025
El último crimen contra estos actores sociales se registró el viernes 15 de agosto de 2025 contra Álvaro Roncancio, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo y figura reconocida en la defensa de los derechos comunitarios.
El líder fue asesinado en el sector de Bulevar de la Carbonera, en la zona urbana de Palmira, Valle del Cauca. El ataque ocurrió cuando Roncancio, de 64 años, conducía una camioneta gris por el barrio Zamorano, cuando sicarios que se desplazaban en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque fue trasladado a un centro asistencial, perdió la vida a causa de las heridas. Este hecho se suma a una serie de agresiones que han obligado a líderes sociales a abandonar sus hogares; en el caso de Roncancio, las amenazas constantes lo habían forzado a desplazarse desde la zona rural donde residía.
La Defensoría del Pueblo había documentado la existencia de riesgos concretos para quienes desempeñan roles de liderazgo social en el municipio, lo que subraya la vulnerabilidad de quienes defienden los intereses de sus comunidades. La muerte de Roncancio, quien presidía la Junta de Acción Comunal de Tenjo, pone en evidencia la persistencia de la violencia contra líderes sociales en el Valle del Cauca y la insuficiencia de las medidas de protección implementadas hasta el momento.
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