Con estigmas a cuestas, 93 víctimas y exmiembros de las Farc del Catatumbo fueron reubicados en Honda pese a la oposición

Antes de que llegaran, ya se les cuestionaba. Noventa y tres víctimas del conflicto armado, originarias del Catatumbo, fueron reubicadas en Honda, Tolima, como parte de un proceso liderado por la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida por todos. El traslado, lejos de ser un acto de reparación silencioso, desató una fuerte controversia local marcada por discursos de rechazo y estigmatización.

El nuevo asentamiento fue adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y acompañado por entidades como la Misión de Verificación de la ONU, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero, lo que debió ser un paso hacia la reconstrucción de sus vidas, terminó atravesado por declaraciones que despertaron alarmas.

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Uno de los pronunciamientos más duros vino del diputado conservador Juan Guillermo Beltrán, que cuestionó abiertamente la decisión del Gobierno nacional de llevar estas familias a territorio tolimense: “¿Por qué los hondanos tenemos que recibir a las familias del Catatumbo? Están huyendo de la violencia, una zona tomada por el narcotráfico, por la coca, por las Farc, por las disidencias, por los grupos al margen de la ley”, dijo. Además, aseguró que la población debía oponerse “vehementemente” al traslado, al que calificó de inconsulto, y denunció que ni el alcalde de Honda ni la gobernadora del Tolima fueron informados previamente.

Frente a los señalamientos, las entidades involucradas defendieron la legitimidad del proceso. “Logramos la reubicación en condiciones de dignidad y seguridad para más de 90 víctimas del conflicto. Ahora todas las entidades nos vamos a disponer a la formulación y construcción del Plan de Reubicación para esta comunidad en articulación con los entes territoriales”, explicó Zoraida Hernández, directora territorial central de la Unidad para las Víctimas.

Este plan no solo contempla el acompañamiento social e institucional, también la puesta en marcha de proyectos productivos, el fortalecimiento de infraestructura comunitaria y estrategias para garantizar el arraigo e integración local.

Como primera medida, las familias recibieron kits básicos para su instalación. Además, se anunció una feria de servicios para el 12 de julio, donde participarán entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv).

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) también alzó la voz ante la polémica. Para su subdirectora territorial, Mabel Andrade, los discursos discriminatorios no solo afectan la implementación de políticas públicas, sino que refuerzan viejas heridas. “Esta es la evidencia de que avanza el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Este ejercicio demuestra que se puede reconstruir el tejido social a partir del diálogo y acciones que generan convivencia y reconciliación”, dijo.

De forma paralela al traslado, las autoridades organizaron un Consejo de Seguridad y una mesa de diálogo territorial para garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno estable y seguro. Allí participaron organizaciones sociales, líderes comunitarios y representantes del Gobierno.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue categórica al recordar que el respeto por los derechos de las personas desplazadas no es opcional: “No es una concesión, es un deber de las autoridades”. Además, pidió a las instituciones locales y a la ciudadanía “revaluar sus manifestaciones de discriminación, estigmatización y rechazo hacia las personas que han sufrido la guerra”.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas advirtió que, “estos discursos no solo desconocen el sufrimiento de las víctimas, sino que alimentan un ambiente de miedo y exclusión incompatible con los principios de paz y reconciliación”. A pesar de las resistencias, las familias desplazadas comienzan ahora un nuevo capítulo en Honda. El proceso, aunque rodeado de tensiones, representa un paso firme en el camino hacia la reparación integral.

Desde el Gobierno, insisten en que el reto no solo es logístico, también simbólico, construir confianza, combatir los estigmas y demostrar que la paz se cultiva allí donde hay voluntad de acoger y reconstruir.