Ministro de Defensa ofreció millonaria recompensa por información de secuestradores de 57 militares en el Cauca: apuntó a disidentes de las Farc

El Ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció en la noche del domingo 22 de junio de 2025 tras el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional que se encuentran retenidos en la vereda La Hacienda, municipio de El Tambo (Cauca). Un hecho que ha causado la indignación del país y el repudio del Gobierno nacional, como ya lo había expresado el titular del Interior, Armando Benedetti, que se unió a las voces de rechazo.

“Como Ministro de Defensa Nacional, condeno y rechazo con total contundencia el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional en la vereda La Hacienda, municipio de El Tambo, Cauca. Este crimen es responsabilidad de la estructura criminal Carlos Patiño, del cartel de alias ‘Mordisco’”, declaró Sánchez a través de su perfil de X, con lo que indicó que se han tomado una serie de decisiones para encontrar a los responsables de este suceso.

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El titular de la cartera indicó que la operación no solo consistió en la privación de la libertad de los militares, sino que implicó la utilización de tácticas que violan el Derecho Internacional Humanitario. “Mediante amenazas e intimidación, lograron instrumentalizar a cerca de 200 personas. Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima en el Cañón del Micay", dijo.

Estas son las millonarias recompensas por disidentes de las Farc

En este orden de ideas, detalló que los cabecillas identificados como alias Kevin y alias Yovany encabezan la lista de los más buscados por su presunta responsabilidad en el secuestro, por lo que ha ofrecido recompensas de $500 millones y $100 millones, respectivamente, por información que conduzca a su captura. Con esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la judicialización de los responsables.

“Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado”, enfatizó Sánchez en su declaración, con la que aprovechó para exigir la liberación inmediata de los uniformados.

El secuestro, perpetrado entre el 21 y el 22 de junio de 2025, tuvo lugar durante operaciones militares en el sector de La Hacienda. Según la información oficial de la Tercera División del Ejército Nacional, un primer pelotón fue privado de la libertad el 21 de junio, mientras que al día siguiente, otro grupo de militares fue interceptado por aproximadamente 200 personas en el corregimiento El Plateado, en zona rural de Argelia.

De acuerdo con el comunicado, estas personas habrían actuado bajo presión de la estructura criminal Carlos Patiño, una facción disidente de las antiguas Farc, liderada por alias Iván Mordisco. Un pronunciamiento que va en la línea con la Tercera División del Ejército Nacional, que calificó los hechos como graves violaciones a los derechos fundamentales del personal militar involucrado, así como infracciones a la Constitución y al Código Penal colombiano.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, institución encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, también se pronunció de manera categórica frente a los hechos. “Hacemos un llamado urgente para la liberación de los 57 integrantes del Ejército Nacional en El Tambo, Cauca. No hay justificación para usar a civiles –miembros de la comunidad– para ejecutar privaciones de la libertad, que son delitos bajo la ley penal”, expresó la entidad.

Del mismo modo, el organismo enfatizó la gravedad de involucrar a civiles en acciones armadas y reiteró su disposición para mediar y facilitar canales de diálogo que permitan la entrega de los uniformados y la protección de la vida e integridad de todas las personas involucradas. El comunicado de la Defensoría también advirtió sobre la responsabilidad penal que podría recaer sobre los civiles que participaron en los hechos.

Y agregó que “la responsabilidad inclusive penal de quienes participan en los hechos, especialmente de los civiles, debe ser examinada caso a caso”.