Colombia no tendría que pagar millonaria suma por caso Telefónica, gracias a suspensión temporal proferida por la Ciadi

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió suspender temporalmente la ejecución de un laudo arbitral que condenaba a Colombia a pagar 379 millones de dólares a la multinacional Telefónica. Este giro, anunciado el 6 de diciembre, se produjo tras una solicitud presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el objetivo de permitir un análisis más exhaustivo del fallo.

La suspensión impide que Telefónica proceda al cobro de la suma estipulada hasta que el Comité ad hoc designado por el Ciadi evalúe la solicitud de anulación presentada por Colombia. La Agencia Nacional subrayó que esta medida es fundamental para garantizar un escrutinio jurídico minucioso del fallo arbitral y asegurar que los intereses del Estado sean debidamente protegidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el contexto de esta disputa, Colombia presentó una solicitud de anulación del laudo arbitral ante el Ciadi. Entre los argumentos esgrimidos figuran presuntos defectos graves en el proceso, como la falta de fundamentación en la decisión, la extralimitación de las competencias por parte del tribunal arbitral y violaciones al debido proceso. Estos elementos constituyen la base de la estrategia jurídica del país para cuestionar la validez de la condena.

Próximos pasos

El Ciadi se encuentra ahora en la etapa de conformar el Comité ad hoc, cuyos integrantes serán los responsables de examinar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre la solicitud de anulación. Este proceso será determinante para establecer si el fallo original se mantiene o si, por el contrario, es revertido en favor de Colombia.

La controversia entre Colombia y Telefónica pone de relieve las complejidades inherentes a los procesos arbitrales internacionales y su impacto en los recursos públicos. Además, subraya la importancia de garantizar un balance entre la protección de las inversiones extranjeras y la defensa de los intereses soberanos del Estado.

La suspensión temporal del laudo brinda a Colombia una oportunidad crucial para consolidar sus argumentos legales, mientras que el desenlace final dependerá de la evaluación independiente del Comité ad hoc, un paso clave en el marco del arbitraje internacional.

Estado ya había pedido la anulación del fallo

A juicio de la Agencia Jurídica, el tribunal “se extralimitó manifiestamente en sus facultades, quebrantó de manera grave normas fundamentales de procedimiento y no expresó en el laudo los motivos en los que se fundan sus decisiones, especialmente, sobre responsabilidad y daños”.

Telefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por una serie de medidas de las autoridades colombianas que afectaron a las inversiones de la empresa Colombia Telecomunicaciones.

La disputa, según explica la compañía española, surgió de la aplicación por parte de Colombia de varias decisiones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en ese país.

A causa de tales medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017.

En el arbitraje, según explica la propia compañía, Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a este pago fueron implementadas en violación de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre dos países.

Para resolver la disputa se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por tres miembros.

El 12 de noviembre, el Ciadi notificó a Telefónica el laudo del tribunal y consideró que Colombia incumplió la obligación de otorgar un trato “justo y equitativo” a las inversiones de Telefónica.

Por ello, ha condena a pagar esos casi 380 millones de dólares, más intereses compuestos del 5 % por compensación de los daños ocasionados.

Además, el tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados de Telefónica durante el procedimiento arbitral, así como los intereses correspondientes.