El Gobierno nacional sigue adelante en su plan de ‘paz total’: equipo de Gustavo Petro está adelantando un marco jurídico para acoger a las bandas

Aunque el proyecto insignia del presidente Gustavo Petro de conseguir la ‘paz total’ en el país parece estar estancado, lo cierto es que el Ejecutivo sigue maniobrando para sustentar sus decisiones en un marco jurídico que no viole las normas vigentes, y así conseguir acuerdos con los grupos armados y criminales que operan en todo el país.

Sin embargo, este trabajo se ha mantenido en la sombra, pues las constantes polémicas que sacuden al Gobierno nacional, han opacado el trabajo que han adelantado desde diferentes ministerios y dependencias controladas por el presidente.

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En todo caso, el trabajo se ha desarrollado de forma discreta desde hace varias semanas. Según una investigación realizada por El espectador, se han llevado a cabo múltiples acciones entre las que destacan el intercambio de mensajes, reuniones privadas, audiencias públicas e incluso visitas a cárceles. Todo esto con el objetivo de construir una propuesta legal viable que permita la entrega de armas por parte de bandas urbanas y rurales que desafían al Estado, muchas de las cuales están asociadas al narcotráfico y la violencia extrema.

La mayor motivación del Ejecutivo sería el guiño que le hizo la Corte Constitucional en noviembre de 2023, cuando avaló los acercamientos y diálogos con los grupos armados y las bandas criminales del país, aunque no le aceptó que los términos de sometimiento fueran elaborados por el Gobierno nacional, por lo que ha trabajado para ofrecer garantías al país, y de paso a los alzados en armas, y lograr una desmovilización masiva.

Y es que casi un año después de esta decisión del alto tribunal, aún no está claro cómo se podrían lograr desmovilizaciones colectivas de bandas criminales como el Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Shottas, Los Espartanos, Los Mexicanos y Los Zetas. En palabras de una fuente del alto gobierno entregadas a El Espectador, “en el Gobierno tenemos la facultad legal para sentarnos a dialogar en esos espacios, pero no tenemos un marco jurídico diferencial, como el que pidió la Corte”.

Es por eso por lo q ue la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, trabaja junto a su equipo para avanzar con la normativa actual. Están caracterizando a los miembros de estos grupos criminales y sus métodos operativos para diferenciar entre los integrantes que han cometido delitos de lesa humanidad y los que no. La ministra comentó al medio nacional que, en septiembre, se realizará en Medellín una audiencia sobre la paz urbana para analizar posibles tratamientos jurídicos a estas estructuras.

Ariel Ávila, de la Alianza Verde, afirmó: “Si eso no está resuelto en un mes, no hay tiempo. Llevamos dos años en esto y la Oficina del Comisionado de Paz no se ha puesto en la tarea”. Desde su punto de vista, es crucial que el comisionado de Paz, Otty Patiño, y otros actores del Gobierno avancen en la estrategia, sea con las herramientas actuales o mediante reformas legislativas, para evitar posibles impunidades.

Un ejemplo histórico que estaría usando el Gobierno nacional como punto de partida para establecer el marco jurídico en los procesos de paz es la desmovilización del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) en 2011, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

En aquella época, se entregaron 269 integrantes del grupo armado, que posteriormente fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, aunque el acuerdo entre el Gobierno y el grupo se vio manchado por varios vacíos legales que, justamente, son los está revisando el equipo del presidente Petro para evitar errores similares en el presente proceso.

Para lograrlo, el medio nacional pudo establecer con fuentes enteradas del proceso que, actualmente, hay canales de diálogo con los ministerios del Interior y de Justicia, así como con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que evalúa si se requieren reformas legales que no puedan ser solucionadas mediante resoluciones o decretos. En declaraciones recientes a El Espectador, la ministra Buitrago mencionó: “La ley de sometimiento fue entregada al Congreso el año pasado y fue una iniciativa inicial para algunos grupos”.

Además, también se estaría trabajando para analizar los alcances y extender el plazo de vigencia de la ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz. Esta norma permitía a los sometidos ante la ley salir en libertad después de un plazo de ocho años, siempre y cuando se confirmara que no cometieron más delitos después de su desmovilización.

Antonio José Correa, del partido La U, afirmó: “Estamos en la fase de terminar los consensos con los diferentes actores que están involucrados en el tema, para ahí sí presentar el texto en máximo dos semanas para discusión del Congreso”.

Por último, una proposición para crear una comisión legislativa que acompañe los procesos con “organizaciones armadas no rebeldes” fue presentada recientemente. Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, declaró la necesidad de un instrumento jurídico que pase por el Congreso: “Se debe afinar lo que se necesita para que el debate sea puntual y se pueda conseguir apoyo en Senado y Cámara”.