
Con ayuda del Sistema de Control y Vigilancia y la aplicación de analítica de datos, la Superintendencia de Transportes encontró inconsistencias en los reportes de al menos 23 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), en los que personas difuntas habrían sido asignadas como docentes.
Este “error” en la información cargada al sistema de Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) encendió una alerta en la Superintendencia, que decidió abrir investigaciones administrativas en su contra y emitir la suspensión de su registro, como medida preventiva.
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Esto significa que a partir de la fecha los Centros de Enseñanza Automovilística sobre los cuales fue abierta una investigación no podrán registrar nuevos estudiantes, aunque tienen la obligación de garantizar que su planta de alumnos pueda finalizar el curso, en un plazo no mayor a noventa días, como medida de protección al usuario.
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“Los resultados del proceso de verificación de datos e información de dicha estrategia generan preocupación, dada la responsabilidad que tienen los CEA al ser los únicos entes autorizados por la ley para certificar que un aspirante a obtener una licencia de conducción cuenta con aptitudes y conocimientos para realizar la actividad de riesgo de conducir vehículos”, precisó la Superintendencia de Transporte, a través de un comunicado, replicado por el Ministerio de la misma cartera.
Las investigaciones administrativas y la suspensión de registros en la plataforma Runt se suman a la campaña #EnseñaConLegalidad, con el fin de reiterar a los CEA algunos de sus deberes y socializarlos con la comunidad de alumnos.
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De ahí que, “como resultado de las acciones implementadas, se logró establecer que desde finales de 2022 se han sancionado 110 Centros de Enseñanza Automovilística. En la actualidad hay 152 investigaciones en curso y 350 actuaciones preliminares por presuntos incumplimientos de las normas aplicables a su actividad”.

Desde que se pusieron en marcha las inspecciones de control y vigilancia se han logrado identificar tres conductas recurrentes que pondrían en riesgo la vida de los aprendices, sus docentes en carretera y los demás actores viales.
1: Estarían expidiéndose certificados de estudiantes que jamás recibieron sus lecciones, 2: la información entregada al Runt estaría siendo modificada a beneficio de las CEA y 3: parte de esta información estaría siendo ocultada, con el fin de mantener sus procesos corruptos y seguir funcionando.
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Sin embargo, voceros y directivos de la SuperTransporte coinciden en que “una de las conductas más graves detectadas es el reporte de las clases ante el RUNT sin haber sido efectivamente dictadas, incurriendo tanto los CEA, como los instructores y aprendices, no sólo en una presunta violación de las normas que regulan la materia, sino en posibles conductas penales por suplantación y/o fraude”.

Los hallazgos de la Superintendencia generan cierta inquietud entre los demás actores viales, puesto que, conductores inexpertos estarían recibiendo sus licencias y saliendo a las cales, sin ningún tipo de control.
Una problemática sobre la que la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias se pronunció de manera tajante: “La responsabilidad de la seguridad vial en nuestro país es de todos, pero la función que cumplen los Centros de Enseñanza Automovilística es fundamental para proteger la vida, pues tienen en sus manos la capacitación y certificación de los conductores que se movilizan y que van a movilizarnos por las vías. Cuando existe ilegalidad en su actividad se pone en riesgo la integridad de las personas y por eso debemos ejercer de manera rigurosa nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos organismos de apoyo al tránsito. Con el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso la Superintendencia, buscamos fortalecer la transparencia en los procesos a cargo de estos entes”.
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