Antony Blinken reveló qué haría Estados Unidos si Petro convoca a una constituyente para quedarse en el poder

El miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se rehusó a comentar sobre el proceso constituyente que busca impulsar en Colombia el presidente Gustavo Petro, argumentando no tener experiencia en la Constitución de dicho país sudamericano.

La declaración se produjo durante una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, donde fue interrogado por la representante republicana María Elvira Salazar, que le pidió un pronunciamiento oficial sobre la percepción de Washington respecto a Petro, quien ha expresado su interés en modificar la carta magna de 1991.

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Blinken, consciente de la presión, respondió: “No soy experto en la Constitución de Colombia”. Esta respuesta vino después de que Salazar sugiriera que Petro podría intentar modificar la Constitución sin la aprobación del Congreso colombiano. A lo que Blinken, intentando esquivar la pregunta, mencionó la importancia de la cooperación efectiva entre socios y la no intervención de EE.UU. en los asuntos internos de otras naciones. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a Salazar, que insistió en obtener una declaración más directa sobre la posible perpetuación de Petro en el poder.

La congresista Salazar alegó: “Esta persona –Petro– amenaza con cambiar la Constitución sin pasar por el Congreso colombiano. El mes pasado rompió relaciones con Israel y usted sabe que el presidente [Joe] Biden ama a ese presidente.” Salazar quería saber si en un escenario hipotético en el que Petro rompiera con la Constitución, esto afectaría la percepción de Biden sobre él. Ante esto, Blinken reiteró su falta de conocimiento sobre la Constitución colombiana y mencionó que, de darse tal situación, “posiblemente” sería algo que la Casa Blanca objetaría. Sin embargo, enfatizó que prefería no discutir sobre escenarios hipotéticos.

El interés de Petro en modificar la Constitución de 1991 ha generado diversas reacciones tanto en Colombia como en el extranjero. La Constitución del 1991 es un documento fundamental que define la estructura política y los derechos de los ciudadanos colombianos, y cualquier intento de modificarla sin pasar por los canales legales establecidos suscita controversias y preocupaciones sobre la estabilidad democrática en el país.

La diplomacia entre EE.UU. y Colombia ha sido un aspecto crucial de las relaciones bilaterales. Colombia, como uno de los principales aliados de EE.UU. en la región, ha tenido un historial de colaboración en áreas como el combate al narcotráfico y la promoción de la democracia. Sin embargo, las acciones y declaraciones recientes de Petro han despertado inquietudes en ciertos sectores de la política estadounidense, particularmente las relacionadas con los cambios constitucionales y las decisiones diplomáticas, como la mencionada ruptura de relaciones con Israel.

El intercambio en el Congreso de EE.UU. resalta las tensiones subyacentes y las expectativas sobre cómo los líderes mundiales deben abordar las cuestiones de gobernanza y reformas internas.

La declaración de Blinken indicando su falta de experticia sobre la Constitución de Colombia también subraya la complejidad de los asuntos internos y cómo estos pueden repercutir en las relaciones internacionales. En este sentido, la política exterior de EE.UU. debe equilibrar entre el respeto a la soberanía de otros países y la promoción de sus propios intereses y principios democráticos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia propuso una asamblea constituyente como un mecanismo para realizar cambios profundos en la Constitución del país.

Petro argumenta que esta medida es necesaria para abordar problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción, y la falta de representación adecuada en el sistema político colombiano. Entre las reformas propuestas se incluirían cambios en el sistema judicial, electoral, y económico, para promover una mayor inclusión y equidad social.

La propuesta ha generado un debate intenso en Colombia. Los defensores consideran que es una oportunidad para renovar el marco legal y adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad, mientras que los críticos temen posibles excesos de poder y la inestabilidad política que podría derivarse del proceso.

Según la legislación colombiana, para convocar una asamblea constituyente es necesario superar varios pasos, como la aprobación en el Congreso y la validación mediante un referendo popular en el que los ciudadanos decidirán si apoyan o no la iniciativa.