Fiscalía anexó denuncia de EPS Sanitas en la investigación sobre su intervención: habría inconsistencias

La Fiscalía General de la Nación integró la denuncia presentada por el representante legal de EPS Sanitas a la investigación en curso sobre las presuntas irregularidades en la intervención de la Superintendencia de Salud en la mencionada entidad. Este paso se dio con el objetivo de arrojar luz sobre los errores que pudieron haberse cometido durante el proceso de intervención de la entidad.

El ente acusador inició este proceso tras recibir advertencias tanto de expertos como de funcionarios de la Procuraduría, basadas en una denuncia detallada que señala irregularidades presuntamente ocurridas bajo la administración del actual superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Estas acciones son consideradas por la denuncia como ilegales y arbitrarias.

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Juan David Riveros, abogado de Keralty, el conglomerado empresarial propietario de EPS Sanitas, presentó la denuncia penal argumentando que la medida de intervención contra la entidad era ilegal, de acuerdo con La República.

El defensor afirmó: “Consideramos que el superintendente estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida que, antes de estar en el cargo, hizo comentarios y tomó posiciones que demuestran la animadversión que tiene contra la EPS”.

El representante del holding (sociedad gestora) sostiene que la medida, además de ser ilegal, es arbitraria, desproporcionada y discriminatoria, evaluada desde que la Superintendencia de Salud intervino forzosamente a Sanitas.

En la investigación en curso se están llevando a cabo las diligencias necesarias para determinar las irregularidades, incluyendo la recopilación de declaraciones de los funcionarios implicados y la verificación de la legislación aplicable para determinar si las acciones de la Superintendencia de Salud estuvieron o no en conformidad con la ley, o si representaron un abuso de la función pública.

Según el abogado de Sanitas, además de la denuncia penal contra el superintendente Luis Carlos Leal, se emprenderán otras acciones legales con el objetivo de recuperar la administración de la EPS y evitar afectaciones a sus usuarios.

La Superintendencia Nacional de Salud, a principios de abril, emitió una orden para la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas. Esta medida se tomó luego de detectar diversas deficiencias en el funcionamiento de la entidad, según lo indicado en el acto administrativo mencionado.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran las siguientes:

1. Una debilidad en el cumplimiento de los estatutos y la organización de la entidad.
2. El cumplimiento de solo un 25% en la prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud.
3. La falta de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.
4. Un aumento progresivo de las reclamaciones en salud, lo que afecta la garantía de la prestación efectiva de los servicios de salud de los afiliados.

La decisión de intervenir la EPS Sanitas tiene como objetivo superar estas situaciones y garantizar la prestación efectiva y el acceso a los servicios de salud de los afiliados, en cumplimiento de la obligación indelegable del aseguramiento en salud, pero esto no estuvo exentó de criticas.

Para materializar este objetivo, la Superintendencia Nacional de Salud estableció un conjunto de órdenes que deben ser cumplidas:

1. Resolver de manera definitiva las reclamaciones en salud interpuestas por la población afiliada, priorizando aquellas clasificadas como “riesgo vital”.
2. Evaluar y operativizar la red de prestadores de servicios de salud para garantizar un acceso oportuno, seguro, pertinente y continuo a los servicios de salud.
3. Implementar estrategias que impacten positivamente en la salud de los afiliados, especialmente aquellos identificados como grupos de riesgo.
4. Mejorar el indicador de siniestrabilidad mediante la adopción de estrategias eficientes de gestión del riesgo en salud.
5. Gestionar el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante los entes territoriales y otros deudores.
6. Gestionar y realizar la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.
7. Implementar medidas de salvamento orientadas a la recuperación financiera de la EPS.
8. Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población afiliada, reduciendo el riesgo jurídico por la interposición de acciones de tutela.
9. Realizar la liquidación de los acuerdos terminados con la red prestadora de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y hacer seguimiento a los procesos jurídicos en curso.
10. Velar por la efectividad de la defensa técnica de los casos jurídicos en contra de la entidad.