Muere abatido alias Chilingo, jefe de extorsiones en la Segunda Marquetalia

Un nuevo logro consiguieron en la Fuerza Pública luego de que un operativo fuera abatido Andrés Jaramillo ‘Chilingo’, que era señalado de ser el jefe financiero y de extorsiones de la estructura insurgente Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que conformó Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que traicionó el acuerdo de paz entre esa desaparecida organización y el Estado colombiano.

Integrantes de la Fuerza Aérea, la Policía y Ejército coordinaron una intervención en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el occidente del departamento de Caquetá, con el que localizaron.

Sin embargo, el presunto guerrillero intentó ocultarse y luego, para evitar la acción de los uniformados, les disparó con fusil, por lo que en la reacción de los uniformados resultó abatido.

El hombre de 29 años, y con más de cuatro años en actividades ilícitas, era buscado por extorsión y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades destacaron que Jaramillo “venía realizando amenazas y presiones sobre comerciantes, ganaderos y transportadores del norte de Caquetá”, exigiéndoles grandes cantidades de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos o sus bienes.

También fue señalado por participar en un atentado terrorista en 2021 en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), donde dos policías fueron asesinados, y la incineración de un bus de transporte público en San Vicente del Caguán en 2022.

La aparición de la Segunda Marquetalia en 2019 se dio tras la decisión de ‘Iván Márquez’, exjefe negociador de las Farc, de retomar las armas, con la excusa de incumplimientos del Gobierno a lo acordado en el proceso de paz.

Hoy en día, tras el Estado Mayor Central (EMC), esta disidencia constituye una de las fracciones armadas ilegales más poderosas y activas del país.

Caen 70 integrantes de las disidencias de las Farc

En una iniciativa conjunta entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, se inició una serie de acciones en contra de los grupos que no se acogieron al proceso de paz en 2016 con las Farc y conformaron nuevos grupos armados al margen de la ley.

En la primera etapa lograron la captura de 68 presuntos integrantes de estos grupos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales donde los procesaron por delitos como homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, así como la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

“Los elementos de prueba obtenidos indican la implicación de los detenidos en actos que socavan la seguridad y la paz de la región”, subrayó la Fiscalía.

Adicionalmente lograron confiscarles un considerable arsenal que incluía más de 80 armas de fuego, 15.650 unidades de munición de variados calibres, 285 cargadores, 45 explosivos, 92 equipos de comunicación y más de 12 millones de pesos en efectivo.

Este ataque a los recursos logísticos y financieros de las disidencias no solo merma su capacidad de acción sino que también “afecta directamente su patrimonio ilegal” en áreas de crítica influencia.

La operación, llevada a cabo por diversas instituciones, no se circunscribe únicamente a la captura y procesamiento de los líderes en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sino que pretende cortar los pasos criminales en Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, zonas clave para el actuar de estos grupos.

Mediante esta estrategia integral, se aspira a reducir el repunte de violencia derivado de la pausa en el cese al fuego y garantizar la paz en áreas tradicionalmente marcadas por el conflicto.

Además, en las últimas tres semanas, la Fiscalía inició investigaciones en 35 casos de delitos asociados a estas agrupaciones, incluyendo ocho actos terroristas.

Equipos especializados, liderados por fiscales con profundo conocimiento en la dinámica criminal de la zona, están a cargo de estas indagaciones, apuntando a identificar y enjuiciar a los responsables de estos ataques contra la seguridad del Estado y el bienestar ciudadano.

“Nuestro compromiso es perseguir a los autores de estos crímenes y asegurar que sean juzgados conforme a la ley”, declaró uno de los fiscales encargados del caso.