Otro encontrón en el gobierno Petro, Ministro de Hacienda contradijo al canciller (e) Murillo: “Sí hay recursos para pasaportes”

Una discrepancia acaba de surgir entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, respecto a la financiación del contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons.

El Ministro Bonilla desafió las afirmaciones previas de Murillo, asegurando que sí existen los fondos necesarios para llevar a cabo el acuerdo. “La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal”, aseveró Bonilla, subrayando la presencia de dicho documento como prueba de la planificación financiera.

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El conflicto entre ambos funcionarios se centra en la validez de la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons, con Murillo declarando previamente la ilegalidad de tal acción basado en la inexistencia del certificado de disponibilidad presupuestal número 74923. “Estos recursos fueron reasignados desde el dos de octubre del año 2023 para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, explicó Murillo, enfatizando una supuesta reasignación de los fondos.

De acuerdo con Bonilla, podría haber ocurrido un error en la información proporcionada a Murillo, lo que sugiere una posible desinformación interna dentro del gobierno. “La plata está ahí”, sostuvo el Ministro de Hacienda, contradiciendo las previas declaraciones de Murillo y sembrando dudas sobre la comunicación y el flujo de información dentro del ejecutivo.

Además de la disputa financiera, el caso se ha visto complicado por las acciones del exsecretario general de Cancillería, José Antonio Salazar, quien presuntamente revocó una decisión de Murillo sin tener la competencia para hacerlo. Este asunto se agrava aún más por el hecho de que Salazar habría actuado en contra de las instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, lo que resultó en su salida del gobierno.

Las contradicciones entre Bonilla y Murillo, así como las implicaciones de la conducta de Salazar, exponen un escenario de conflicto y desorganización en el proceso de licitación y adjudicación de contratos gubernamentales en Colombia. Este episodio pone de relieve las tensiones internas dentro del gobierno y plantea preguntas sobre la gestión financiera y administrativa en cuestiones clave como la emisión de pasaportes, un servicio esencial para los ciudadanos colombianos.

Este desarrollo suscita inquietudes sobre la transparencia, la eficiencia del gobierno en la gestión de contratos y la distribución de recursos públicos, aspectos fundamentales para la confianza de la población en sus representantes y el correcto funcionamiento de las instituciones estatales.

En el centro de una polémica nacional se encuentra la licitación para la elaboración de pasaportes colombianos, un proceso que ha desatado controversias en los últimos meses tras la participación única de Thomas Greg & Sons, empresa encargada de proveer estos documentos en años anteriores. El presidente Gustavo Petro enfrenta un dilema tras haber expresado su desacuerdo con adjudicar licitaciones a un único proponente, lo que llevó a la declaración desierta de la licitación por parte del entonces canciller, Álvaro Leyva.

Leyva, bajo las instrucciones presidenciales, intentó evitar la adjudicación de la licitación a Thomas Greg & Sons, sin embargo, antes de dejar su cargo, se vio obligado a firmar un contrato de emergencia con la misma empresa para la emisión de pasaportes, ante la necesidad inminente de una solución temporal mientras se organizaba una nueva licitación.

La situación se complicó aún más cuando José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería y encargado de continuar con el proceso de licitación, firmó una resolución que revocó las decisiones previas de Leyva, adjudicando finalmente el contrato a Thomas Greg & Sons. Esta acción provocó la inmediata reacción del presidente Petro, quien acusó a Salazar de traición y lo destituyó de su cargo, ordenando revertir las decisiones tomadas y mantener las directrices establecidas por Leyva.

“Había sido traicionado”, expresó Petro al referirse a las acciones de Salazar, marcando un punto crítico en este escándalo que no solo ha visto la salida de altos funcionarios como Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, quien también se vio implicada tras sugerir una conciliación con Thomas Greg & Sons.

Thomas Greg & Sons ha mantenido una postura firme, demandando al Estado por la decisión inicial de declarar desierta la licitación, lo que plantea cuestiones sobre los marcos legales que rigen estos procesos. “En Colombia sí es legal entregar contratos a un único oferente”, se argumenta desde la defensa de la empresa.

La situación actual representa un momento crucial para el gobierno de Gustavo Petro en términos de gestión de crisis y política pública, ofreciendo una oportunidad para revisar y posiblemente reestructurar los procedimientos de licitación en busca de mayor competencia y equidad en los contratos estatales.