Los lujos que llevaron a la captura de ‘Pacho Malo’ por corrupción. Estos son los detalles del expediente

En un sorpresivo giro de los eventos, Francisco Javier Martínez, excoordinador del CTI en Buenaventura, conocido también bajo el alias de ‘Pacho Malo’, fue detenido en Medellín por presuntos actos de corrupción, desmintiendo las aseveraciones previas que sugerían protección por parte de altos cargos. Según informes de la Dirección contra la Corrupción, Martínez estaría vinculado a una red criminal con grupos de narcotráfico y contrabando operando en el puerto de Buenaventura. Este hecho tuvo lugar bajo la administración de la entonces vicefiscal, ahora fiscal encargada, Martha Mancera.

Las acusaciones contra Martínez cobran relevancia al considerarse parte de una investigación más amplia que implica a varios funcionarios de la entidad. La captura se produjo en su oficina cuando se le notificaba la orden de captura en su contra. “Me la quieren volver mafiosa con refritos”, expresó el exfiscal Francisco Barbosa, refiriéndose a las supuestas estrategias para desacreditar a su sucesora, Martha Mancera, en momentos cuando se revelaba el presunto amparo a figuras investigadas por corrupción como Martínez.

En las audiencias de control de garantías, se presentó material probatorio que evidenciaría la participación de Martínez en actividades ilícitas, refutando así las denuncias que advertían una estrategia para proteger al investigado. Las pruebas incluyen presunta colaboración con redes de narcotráfico y contrabando.

La investigación reveló que Martínez mantenía una conexión directa con los líderes de la banda criminal, según documentos a los que tuvo acceso Semana. Las evidencias incluyen interceptaciones telefónicas y seguimientos que lo implican en la filtración de información confidencial de litigios correspondientes a la Fiscalía, facilitando así las operaciones ilegales en Buenaventura. El fiscal encargado de la investigación aseveró, “el excoordinador del CTI proveía datos cruciales para los delincuentes, abusando de su posición y acceso al sistema de información de la Fiscalía”.

Los detalles revelan que Martínez, aparentemente, tenía contacto directo con los cabecillas de la organización criminal, plenamente identificada por la Fiscalía. Pacho Malo era, según la investigación, el enlace con los delincuentes. De hecho, Semana conoció que la Fiscalía tiene en su poder interceptaciones, seguimientos e inspecciones a procesos que justamente hacían referencia a hechos relacionados con contrabando y en los cuales el excoordinador del CTI en Buenaventura entregaba información relevante de procesos que adelantaba el ente acusador.

Otra de las pruebas presentada está relacionada con el desfase entre el estilo de vida de Martínez y su salario. Poseedor de una lujosa camioneta y acostumbrado a viajar frecuentemente a Panamá y Estados Unidos en el mismo día, su aparente riqueza no correspondía con su retribución oficial. “Pacho Malo no tenía un salario que justificara los lujos que ostentaba”, subrayó la Fiscalía, sugiriendo así las ganancias ilícitas obtenidas de sus actividades delictivas.

Ante las acusaciones, Martínez defendió su inocencia, argumentando ser víctima de un complot diseñado por otros funcionarios corruptos para desviar la atención de sus propios delitos hacia él. En una entrevista previa a su captura, otorgada también a Semana, Martínez declaró: “Lo que quieren es limpiar su nombre ensuciando el mío”, negando cualquier relación con figuras clave de la Fiscalía, incluidos la vicefiscal Mancera, el fiscal general Barbosa, y el coordinador del CTI, Acevedo.

El trasfondo de este caso también tocó a la hoy fiscal General Martha Mancera, quien fue acusada de tener vínculos con Martínez. Estas acusaciones fueron eventualmente descartadas por la Fiscalía, tras determinar la falta de evidencias creíbles que sostuvieran dichos cargos. “Por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales... se pudo concluir la inexistencia del delito investigado”, comunicó la Fiscalía, despejando el nombre de Mancera.

Martínez, con una larga trayectoria en la investigación criminal, primero como detective en el extinto DAS durante casi una década y luego en la Fiscalía desde 2012, vio cómo su carrera se desmoronaba tras la publicación de documentos anónimos que lo acusaban de irregularidades en su trabajo. Su traslado a Medellín y la posterior captura son el resultado de una priorización de la investigación por parte de la Fiscalía, destinada a aclarar las acusaciones y posiblemente, protegerlo de un plan mayor en su contra.

Este caso resalta no solo la complejidad de la corrupción dentro de los entes judiciales y de investigación penal en Colombia, sino también el delicado equilibrio entre la persecución de la justicia y la preservación de la integridad personal y profesional de quienes se encuentran en la línea de fuego de acusaciones, a menudo infundadas.