Este es el “elefante blanco” en salud que dejó la alcaldía de Claudia López

La Secretaría de Salud de Bogotá adjudicó un contrato superior a los 14.000 millones de pesos para la edificación del Centro de Atención Primaria en Salud Bravo Paéz, situado en la Localidad Rafael Uribe Uribe, en la zona sur de la capital colombiana. Pese a que han transcurrido más de tres años desde la asignación del contrato, la construcción de este importante centro de salud aún no ha concluido, permaneciendo en estado de obra negra.

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Andrés Yate, edil de la localidad Rafael Uribe Uribe por el Pacto Histórico, reveló en un diálogo con La W que la responsabilidad de este proyecto fue confiada a Miroal Industrial, una compañía que ya ha enfrentado diversas críticas por el manejo de proyectos similares en otros sectores del país. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de la localidad y cuestionamientos sobre los criterios de selección de contratistas por parte de las autoridades distritales.

“(...) desde el 2021 hemos estado denunciando la obra por los incumplimientos. Esto se volvió un elefante blanco un poco inseguridad un poco de enfermedades por las transmisiones de enfermedades por los mosquitos que se hacen ahí los roedores y la respuesta ha sido que sí se debió a culminar el proyecto que, si se iba a hacer la obra y nunca hemos tenido una respuesta”, fueron las palabras del líder en la emisora.

Añadió que en alguna oportunidad también les dijeron que: “Cuando usamos la Ley de Garantías, nos dijeron que después de ley de garantías se iba a adjudicar la obra, cosa que es una mentira porque para poder adjudicar la obra se necesita primero liberar el proyecto de la constructora, la constructora de denunció demandó al a la Secretaría de Salud y ahora estamos en un proceso litigioso que ahora el Tribunal de Cundinamarca que tiene que dar respuesta, entonces no se puede avanzar más en el proyecto hasta que no se resuelva el proceso judicial”.

Yate también dijo que, debido a las demoras, los costos del centro de salud se estiman en los 28.000 millones de pesos. Lo anterior, se agrava luego de que la edilesa Guiomar Rodríguez, elevara denuncias sobre el centro médico, pues indicó que, antes de las construcción de este, existía una instalación con plena funcionalidad, desmantelada bajo la dirección de Alejandro Gómez, exsecretario de Salud.

Este incremento presupuestal se ve reflejado en las cifras que distan del plan original, lo que suscitó el cuestionamiento sobre la necesidad de derribar el anterior centro, que, según aseveraciones de algunos miembros de la comunidad, cumplía adecuadamente con las necesidades sanitarias de la población. A su vez, Rodríguez señaló que la decisión de construir una nueva infraestructura sanitaria parecía desacertada dadas las circunstancias que rodearon al proyecto desde sus etapas iniciales.

En respuesta a estos cuestionamientos, Alejandro Gómez habló con La W y se refirió a la responsabilidad de la Subred Centro Oriente en el proceso de licitación y ejecución del contrato, indicando que, aunque la financiación provenía de Secretaría de Salud, el manejo y la supervisión del proyecto recaían sobre dicha entidad. Esta defensa pone de relieve la complejidad en la gestión y coordinación entre las diferentes instancias administrativas implicadas en el desarrollo de infraestructura de salud.

El debate en torno a este tema se centra en la eficacia y transparencia del uso de fondos públicos, así como en la planificación y priorización de proyectos que atienden las necesidades sanitarias de la comunidad. Las declaraciones de los involucrados evidencian discrepancias en la percepción sobre la gestión del proyecto y sus consecuencias para el bienestar de la población afectada.

Hasta el momento, no se ha proporcionado una explicación detallada por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá o Miroal Industrial sobre las razones específicas detrás de la demora en la construcción del centro. La falta de comunicación oficial sobre los plazos estimados para la conclusión de la obra y la entrega del centro a la comunidad contribuye a un clima de incertidumbre y especulación entre los ciudadanos afectados.