Vuelve y juega, el proyecto de uso recreativo del cannabis a punto de hundirse otra vez ¿por qué?

María José Pizarro advirtió que, de no discutirse pronto, el proyecto podría hundirse

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La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, es una de las defensoras del proyecto que busca legalizar el uso de cannabis de forma recreativa. Foto @PizarroMariaJo/X
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, es una de las defensoras del proyecto que busca legalizar el uso de cannabis de forma recreativa. Foto @PizarroMariaJo/X

El proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución colombiana para regularizar el cannabis de uso adulto enfrenta un momento crucial, al estar en riesgo de hundirse si no se agenda para debate en el pleno del Congreso antes del receso legislativo. La iniciativa, que ya ha pasado por dos debates en la Cámara de Representantes y uno en el Senado, necesita avanzar esta semana en la discusión para no ser archivada y comenzar de nuevo desde cero su trámite legislativo.

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La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, ofreció declaraciones a El Tiempo, señala que la responsabilidad de agendar el debate recae en la Mesa Directiva del Senado y específicamente en su presidente. Se espera que el martes 12 de diciembre se discuta el proyecto en el pleno, que contará con una ponencia ya radicada y con el precedente de haber superado debates anteriores con modificaciones significativas, incluidas proposiciones del partido Cambio Radical. La complejidad de las visiones dentro de los partidos políticos es un factor que podría influir en la construcción del quórum y en el desarrollo del debate legislativo.

En la dinámica del Congreso se destaca la situación particular del Partido Liberal, promotor inicial del proyecto, dentro del cual hay figuras que mantienen posturas de oposición significativas. La senadora Pizarro alude a esta realidad como demostración de que el respaldo al proyecto no se limita a líneas partidistas, sino que varía según la posición personal de cada congresista. El desafío es lograr una mayoría que permita que el proyecto de legalización del cannabis avance en su trámite previo al receso parlamentario.

Cultivos de coca en Colombia, de amapola y de cannabis, se podrían usar con fines comerciales, de acuerdo un primer borrador de decreto presentado por MinJusitica - crédito Luis Robayo / AFP
Cultivos de coca en Colombia, de amapola y de cannabis, se podrían usar con fines comerciales, de acuerdo un primer borrador de decreto presentado por MinJusitica - crédito Luis Robayo / AFP

La iniciativa legislativa para la regulación del cannabis en Colombia ha incorporado cambios significativos con respecto a su versión anterior. Las modificaciones incluyen la profundización en la prohibición de la comercialización de cannabis en entornos escolares y lugares donde residan niños. Asimismo, se establece la restricción de publicidad en dichos entornos y en espacios de atención a la niñez. Además, se ha añadido la provisión prioritaria de licencias para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, reforzando un enfoque de equidad social y étnica en el territorio nacional.

De no agendarse para su discusión, la propuesta de ley correría el riesgo de fracasar, tal como estipula el procedimiento legislativo para las leyes estatutarias que deben someterse a ocho debates. La normativa dicta que los primeros cuatro debates se lleven a cabo en un período legislativo, y los cuatro restantes, en el siguiente. La falta de agendamiento obligaría a presentar nuevamente la propuesta y repetir todos los debates, representando un retroceso significativo en el proceso.

El impacto económico de la aprobación de esta regulación es otro de los temas abordados. Se prevé que la legalización podría generar 17 empleos por hectárea cultivada de cannabis. En departamentos como el Cauca, donde se calculan más de 300 hectáreas cultivadas, representaría una oportunidad de formalización laboral para comunidades que han padecido la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Este análisis toma como referencia la experiencia de estados en Estados Unidos donde el cannabis ya es legal para uso adulto.

La iniciativa subraya una estrategia de desarrollo para las zonas rurales y busca contribuir a la transformación social y económica en sectores históricamente marginados y afectados por el conflicto. Con la potencial aprobación de este proyecto de ley, Colombia daría un paso más en el camino hacia una política de drogas reformada y centrada en los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

De no agendarse el proyecto se hundiría y tendía que presentarse de nuevo en la próxima legislatura - crédito Nathalie Jamois/Europa Press
De no agendarse el proyecto se hundiría y tendía que presentarse de nuevo en la próxima legislatura - crédito Nathalie Jamois/Europa Press

En el debate sobre la iniciativa de regulación de drogas en Colombia, se percibe un optimismo cauto por parte de los promotores de la medida. Estiman contar con los votos necesarios en el Senado para avanzar, sumando a los apoyos previos, los posibles votos adicionales de Cambio Radical y otros senadores a título individual. A pesar de las dificultades para convencer a ciertos sectores, principalmente por diferencias generacionales, la expectativa es positiva aunque reconocen que podrían enfrentarse a tácticas como la falta de quórum o estrategias para evitar el debate público.

La propuesta contempla la creación de un impuesto al consumo de drogas similar al existente para el tabaco y el alcohol, con el objetivo de financiar programas de educación y salud pública. En Colombia, donde es legal la posesión, consumo y cultivo de hasta 20 plantas para uso personal, la regulación de la venta y comercialización busca canalizar recursos hacia la prevención y el fortalecimiento del sistema de salud. Se destaca que, siguiendo el modelo de los impuestos sobre el consumo de tabaco, estas medidas podrían contribuir significativamente a la reducción del uso y a la prevención frente a sustancias más dañinas como la heroína y el fentanilo.

Según los defensores de la iniciativa, la regulación podría resultar en una disminución de las cifras de personas afectadas por el consumo de sustancias adictivas, como se ha visto en los casos de prevención del tabaquismo. El impuesto al consumo, por tanto, no solo generaría recursos económicos sino también impactos positivos en la salud pública. La preocupación por la llegada de drogas más peligrosas como el fentanilo al país refuerza el argumento de la importancia de promover campañas de concientización y prevención.