
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció, a través de un comunicado a la opinión pública el 7 de diciembre, que apelará el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aceptó su sometimiento como “sujeto funcional y materialmente incorporado a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004″. Esto después de las críticas 68 organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados de la fuerza pública rechazando este fallo.
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En este, advierte que su apelación se sustenta en cinco argumentos: la “inseguridad jurídica prevaleciente”, en la “inviabilidad de separar o escindir mi rol de bisagra de mi función como comandante de las AUC, esto es, sin ser militar, como un sujeto material y funcionalmente incorporado a la fuerza pública por el diseño y ejecución continuas de operaciones militares conjutas entre los grupos de autodefensas y la fuerza pública”.
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El tercer argumento es el “fraccionamiento de la competencia prevalente y exclusiva de la JEP”; el cuarto, “el enfoque marcocriminal de la JEP como juez natural, no la lógica de investigación y judicialización caso a caso que impide contribuir plenamente con la verdad en Justicia Y Paz, dadas sus limitaciones para juzgar a los actuales sujetos procesales ante la JEP, incluyendo militares y civiles implicados en macrocriminalidad”.
El quinto y último argumento de Mancuso es que el “sometimiento integral ante la JEP, dada la centralidad e interés superior de las víctimas, la satisfacción plena de sus derechos, la no fragmentación de la verdad, ni el esclarecimiento de los hechos, identificación, procesamiento y sanción máximos requeridos”.
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En el comunicado de las 68 organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados de la fuerza pública, aglutinadas en la mesa de trabajo Fuerza Púrpura, advierten que la decisión de la JEP “contiene flagrantes prejuzgamientos y generalizaciones en contra de la fuerza pública como institución y en contra de todos sus miembros, pasados y presentes, actitud impropia de un tribunal o juez”.
También señalaron que con la resolución 3804, con la que se admitió el sometimiento de Mancuso a la JEP se “constituye una muestra más del trato discriminatorio en contra de la fuerza pública que ha venido siendo corriente en las actuaciones de la JEP”.
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Además, advierten que “todos los criminales y delincuentes deben pagar por sus delitos penas consecuentes con la gravedad de estos; en ellos incluimos a los miembros de la Fuerza Pública que incumpliendo los mandatos legales se hayan apartado de la ley y le hayan fallado al compromiso con la patria”.
El comunicado de la mesa de trabajo Fuerza Púrpura se puede consultar a continuación:
Hay que recordar que el 4 de diciembre, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla emitió una nueva orden de captura contra Salvatore Mancuso, por crímenes registrados entre 1997 y 2005, cuando era comandante del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Dentro de estos delitos está el homicidio de personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia de género y reclutamientos, registrados durante esos años en Bolívar, Córdoba y Sucre.
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