La lujosa vida que se dieron Nicolás Petro y Day Vásquez que les valió hasta regaño del fiscal: “Arribistas de clase media”

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, tuvo una serie de gastos para los que no alcanzaba su salario como diputado. En la audiencia de imputación de cargos se dio a conocer que adquirió casas, un carro y artículos de lujo que solo eran posibles si ganaba 20 veces más por su trabajo.

Para la Fiscalía, Petro Burgos incrementó ilegalmente su patrimonio desde mediados de 2021 y junto a su esposa Day Vásquez hicieron una serie de maniobras para ocultar sus adquisiciones, como dejarlas a nombre de terceros y transacciones en efectivo, que no quedaran registrados en sus cuentas bancarias. Por esa razón ambos fueron acusados de lavado de activos.

El fiscal Mario Burgos señaló que en los años investigados, Petro Burgos no tenía ningún ingreso diferente a su sueldo como diputado en la Asamblea del Atlántico por el que recibe alrededor de 13 millones de pesos mensuales. En 2021 sumó ingresos a su cuenta por $217 millones y para el 2022 un total de $223 millones más un saldo de $57 millones que dejó desde al año anterior para $280 millones en total.

Los movimientos comerciales que generan sospecha para la Fiscalía iniciaron en junio de 2021 cuando Petro Burgos arrendó un apartamento en el conjunto residencial Balcones del Parque en Barranquilla, por el que pagó por adelantado el arriendo de 23 millones de pesos.

En octubre de 2021, invirtió en un negocio en Tubará. En ese sector compró el lote 2A manzana 24, carrera 24 en Villas de Palmarito por casi $335 millones de pesos. Según detalló el fiscal Burgos, el primer pago se hizo el 11 de marzo de 2022 con un abono de 30 millones, el 28 de abril de abonó 100 millones, el 7 de diciembre hizo otro pago por 50 millones y el 21 de diciembre otro por 65 millones, para un total de 265 millones que corresponderían al 80% del bien.

Un año después, los gastos se incrementaron y empezó a realizar negocios que no se justifican en los ingresos que recibe como diputado. Uno de ellos es el arriendo de una vivienda en el exclusivo sector de La Herradura, en el norte de la capital del Atlántico, que pagó por adelantado por $56 millones de pesos.

Tras vivir allí con Day Vásquez, su entonces esposa, decidió comprar la vivienda por la que el 12 de septiembre de 2022, señaló el fiscal Mario Burgos, pagó una cuota inicial por $696 millones de pesos. Pero pese a esa adquisición, se pasó a vivir a un apartamento en noviembre del mismo año en Altos de Buenavista, por el que pagó 38 millones de arriendo.

“Para todos esos gastos que realizó debería recibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales”, señaló el fiscal delegado. Pero las cuentas e irregularidades entre sus gastos e ingresos no pararon allí y se extendieron por la segunda mitad del año 2022.

El 16 de diciembre, Petro Burgos adquirió un Mercedes Benz 200 modelo 2020 por el que pagó $200 millones de pesos. Además, para ese año, compró artículos de ropa y accesorios de marcas como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera equivalentes, de acuerdo con la Fiscalía, a $157 millones.

A todas estas cuentas se suman los pagos del servicio doméstico y servicios públicos, así como los gastos comunes de su vida diaria, por lo que para el ente acusador no dan las cuentas, como tampoco aparecen registros de los mismos en declaraciones de renta.

Según quedó consignado en los chats de Petro a Vásquez, él le dijo que “no era bien visto que el hijo del presidente figurara en un negocio de esa magnitud”, por lo que habrían intentado ocultar los bienes, para ponerlos a nombre de familiares de ella.

La casa de La Herradura y el lote de Tubará se adquirieron a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, tío de Day, quien habría sido funcionario de la ANI. El carro Mercedes Benz se buscó titularlo a nombre del suegro de Petro Burgos o de su cuñada, pero el primero no podía soportar los gastos y la segunda hacía parte del esquema presidencial. Así que se dejó a nombre de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta. Estos movimientos son, para la Fiscalía, lavado de activos.