
“Yo si quisiera decir lo siguiente: ni la Policía ni el Ejército, por ninguna orden de carácter administrativo ni por ley de la República, ni por decreto ni por resolución, pueden abandonar el territorio nacional porque tienen una obligación de cumplir con la Constitución y la ley”. Esa fue la dura advertencia del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a los integrantes de la fuerza pública que desacaten el mandato de estar presente en las diferentes regiones del país.
Dicho pronunciamiento fue emitido por el funcionario durante su visita a Guaviare tras conocerse el caso de un posible abuso a una menor indígena de la comunidad nukak por parte de un soldado estadounidense. Al respecto, dijo que la información entregada por medios internacionales sobre este caso “es falsa” y puntualizó que no hay evidencia para demostrar tal aseveración.
“Con actividad investigativa y con la comunidad Nukak se concluyó que no se ha encontrado nada sobre el caso presentado por Univisión, replicado en Colombia”, enfatizó Barbosa, que también expresó que “así no se hace periodismo”.
Con respecto a la advertencia hecha con énfasis a los comandantes de la Policía y el Ejército, el fiscal General de la Nación enfatizó en que, de existir una orden de abandonar el territorio dada por ellos, tendrán que responder por conductas relacionadas con el prevaricato y omisión.
En ese sentido, volvió a advertir que “nadie puede abandonar el cumplimiento de la Constitución en el territorio colombiano. Lo quiero dejar bien claro”.
Estas declaraciones no solo se dan en el contexto del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno nacional con diferentes grupos armados ilegales desde el 31 de diciembre de 2022 —con excepción del ELN—, sino también a raíz de un video difundido en redes sociales en el que se ve a varios hombres, presuntamente de las disidencias de las extintas Farc, patrullando libremente por varias calles del casco urbano de Policarpa, municipio de Nariño.
Tanto la presencia ilegal como la ausencia de agentes de la fuerza pública fue muy cuestionada, sobre todo por miembros de la oposición como la senadora María Fernanda Cabal. Al respecto, el director de la Policía, mayor general Henry Sanabria, reiteró que la institución sí garantizó la seguridad de esa población evitando una confrontación armada.
“(...) Si los policías hubieran actuado en contra de este grupo armado se hubiera presentado un enfrentamiento donde seguramente hubiera salido afectada población civil”, dijo el alto mando policial. De paso, señaló que los presuntos disidentes se ubicaron en puntos estratégicos del municipio, y en caso de que la fuerza pública hubiera actuado por la vía armada, correría el riesgo de que menores de edad salieran heridos.
“Sí hubo una actuación de la Policía frente al plan defensa de las instalaciones y asegurar que estas personas no cometieran ninguna acción contra la población civil”, enfatizó el mayor general Sanabria.
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