En un trabajo publicado por la organización Kapé Kapé se revela que las comunidades indígenas de Amazonas, un estado fronterizo con Colombia y Brasil, previenen el coronavirus por sus propios medios, según manifestaron líderes de dos comunidades. También el abogado Olnar Ortiz de Foro Penal presenta un estudio revelador de lo que está sucediendo con los indígenas en Venezuela.
La Asociación Civil Kapé Kapé está orientada a identificar y abordar las necesidades más urgentes de las comunidades indígenas: Jivis, Yekuanas, Pemón, Piaroas y Warao, entre otras que hay en Venezuela. Su área de influencia abarca los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. La preside Armando Obdola, como director general Héctor Habanero y el representante senior de Canadá, Tatiana Nuñez.
Andry Sarmiento, del comité de derechos humanos del pueblo Jivi, dijo que se habían enterado del virus a través de la televisión satelital con la que cuentan. En función de eso se reunieron con el capitán Nelson Pónare y organizaron una reunión con todos los habitantes de la comunidad, a quienes los informaron de lo que sabían sobre el Covid-19 y la necesidad de aplicar las medidas de prevención para no ser contagiados.
Según determinó Kapé Kapé el ambulatorio de Platanillal, que está en la zona, cuenta con médico y enfermero, quienes han contribuido a indicarles a los indígenas sobre el uso del tapaboca y la necesidad del correcto lavado de las manos. Lamentablemente en el ambulatorio sólo tienen paracetamol e ibuprofeno, éste no recomendado para tratar el virus.
Lo importante es que los habitantes han confeccionado sus propios tapabocas, que usan cuando salen de sus viviendas. “Con respecto al lavado de manos, señaló que algunos habitantes cuentan con aljibes y aquellos que no cuentan van al caño a proveerse del vital líquido”, relata el artículo de Kapé Kapé.
Por otra parte, en la comunidad del pueblo uwottuja Betania de Topocho, la organización Kapé Kapé logró conversar con Juancito Sando González, quien manifestó que, ante el coronavirus, han aplicado sus propias medidas de vigilancia, tratando de garantizar el cumplimiento de las normas y prevenir algún contagio. En esa comunidad no hay médico, pero han recibido el apoyo del enfermero del ambulatorio.
En el caso de estas comunidades indígenas no han recibido la visita de las autoridades sanitarias, ni insumos que los ayude en la prevención de la enfermedad.
Kapé Kapé dice que “en Amazonas aún no se ha registrado ningún caso positivo de COVID19 y las autoridades han informado de dos casos sospechosos cuyas pruebas resultaron negativas”.
Entre las medidas ordenas por el gobierno de Amazonas está la prohibición de tránsito interestatal con los estados Bolívar y Apure, así como el internacional con Colombia y Brasil.
Según Kapé Kapé hay puntos de control epidemiológico, en los municipios del interior del Amazonas, para detectar algún caso que se llegara a presentar o ingresar por la frontera binacional.
El centro médico centinela de Puerto Ayacucho, que es la capital del estado y que aglutina el 63 % de la población de Amazonas, es el Hospital José Gregorio Hernández, donde recientemente fue inaugurado el área de Cuidados Respiratorios donde podrán ser atendidos, en caso de producirse, los pacientes que resulten positivos a la prueba de Covid-19.
13 pemones presos
Por otra parte, el abogado Olnar Ortiz Bolívar, quien es indígena del pueblo Bare y Coordinador Nacional de Pueblos y Comunidades indígenas de Foro Penal en Amazonas, en colaboración con la socióloga Bailde García, levantaron un informe que refleja “la ausencia o grandes debilidades en el sistema de salud local en sus territorios ancestrales, en algunos casos existe la infraestructura (Ambulatorios, CDI) pero no funcionan por no contar con personal de salud, al menos de atención primaria en salud (APS), o estar sin insumos médicos, y en otros casos, no hay ni personal médico o de medicina simplificada, debiendo salir los habitantes a kilómetros de sus comunidades para procurarse el servicio médico”.
En casi todo el territorio indígena falla casi totalmente el suministro de agua potable, “aun cuando las comunidades y pueblos indígenas se encuentran distribuidos a lo largo de los principales ríos de Venezuela, como el Orinoco, el Casiquiare, el rio Negro, Caroní, entre otros; pero nos encontramos que la mayoría se encuentran contaminados por mercurio derivado de la explotación minera”.
En cuanto al suministro eléctrico, “hay municipios y/o comunidades enteras sin servicio eléctrico desde hace meses e incluso años, aun cuando en algunas localidades tienen plantas eléctricas hoy día, dado a la crisis del combustible, no pueden tener este servicio”.
Destaca el análisis de los representantes del Foro Penal que “de los 334 presos políticos en Venezuela, de los que 13 son indígenas del Pueblo Pemón, de la Comunidad de Kumarakapay del municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, privados de libertad que se mantienen sin comunicación alguna de familiares y sin garantías de poder recibir una adecuada atención de salubridad y de distanciamiento social indispensables para frenar la propagación del COVID19”.
Advierte el estudio presentado por Olnar Ortiz que “producto de la explotación de minería ilegal, sumada al cierre de fronteras y la escasa distribución de combustible, entre finales de la segunda y tercera semana de cuarentena han arribado varias embarcaciones de mineros (venezolanos y extranjeros) al puerto fluvial de Morganito en el municipio Autana, (no apto) provenientes de diferentes minas donde no hay ningún tipo de control sanitario”.
Describen el testimonio del líder indígena Yekuana de la comunidad de Tenkua, Esteban Rodríguez, quien denunció el pasado 2 de abril que “153 indígenas de los pueblos Yekuana y Sanema del municipio Manapiare, se encontraban varados en Puerto Ayacucho, sin poder retornar a sus comunidades y que la mayoría habían llegado desde enero por atención médica, que todos se habían chequeado y estaban en buenas condiciones de salud para regresar a sus comunidades, por lo que habían comunicado con antelación al grupo N°9 de la Base Aérea para retornar pero ahora pese a la medida de cuarentena, no los pueden retornar”.
En el caso de Delta Amacuro, la situación de salud en las comunidades indígenas del Delta es alarmante. “Aun cuando existen algunas infraestructuras de salud (CDI), no existen suministros médico-quirúrgicos oportunos y en los establecimientos donde existe personal de salud (médico-enfermería) son en su mayoría personal cubano, lo cual desde la dinámica sociocultural de estos pueblos puede representar una barrera hacia la accesibilidad a estos espacios de salud”.
Asegura el informe de Foro Penal que en el municipio Antonio Díaz se estaría registrando “una incidencia significativa de casos de indígenas infectados con VIH SIDA, asociado a la presencia de la tuberculosis. De igual manera, se ha evidenciado la presencia de otras patologías como la escabiosis, así como un alto índice malárico y hasta de enfermedades erradicadas años atrás, como el sarampión, por lo que el alto índice de mortalidad en esta zona es muy grave”.
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