Venezuela permitiría a exploradores de crudo extranjeros realizar perforaciones sin asociarse con la petrolera estatal si se reemplaza el régimen actual, dijo uno de los principales asesores del presidente interino, Juan Guaidó.
El cambio representa una ruptura importante con las políticas del dictador, Nicolás Maduro, y su difunto predecesor Hugo Chávez.
"Necesitamos abrir la industria petrolera a la inversión privada sin la participación de la estatal", dijo Ricardo Hausmann durante una mesa redonda el martes en la conferencia CERAWeek de IHS Markit en Houston.
La estatal Petróleos de Venezuela SA es un "obstáculo" a la recuperación en el sector petrolero, dijo.
En ese sentido, la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada Guaidó, se prepara para discutir una nueva legislación que busca revertir la nacionalización de la industria petrolera ejecutada por Hugo Chávez, permitiendo a las empresas privadas ejercer un rol clave en los campos del país y reduciendo el tamaño de la estatal PDVSA, según fuentes y un borrador visto por Reuters.
La propuesta sería esencial para revertir el colapso de la industria petrolera del país miembro de la OPEP, responsable del 90 por ciento de sus ingresos por exportaciones, mientras apunta a lograr apoyo para Guaidó por parte de las compañías extranjeras que podrían financiar una reconstrucción, después de que la producción de crudo cayera a un mínimo en siete décadas.
Según la propuesta, que sería lanzada en los próximos días, las empresas privadas podrían optar por manejar las operaciones rutinarias en los campos petroleros venezolanos, un cambio brusco desde la era de Chávez, que limitó a las firmas extranjeras a ser socias minoritarias sin control operativo.
PDVSA seguiría siendo un actor principal de la industria petrolera, pero algunos de sus activos serían transferidos y subastados por un nuevo regulador independiente similar al que llevó adelante la profunda reforma energética de México, que puso fin a 75 años de monopolio.
El equipo de Guaidó ha ganado apoyo en el país y el extranjero, pero no ha podido quitarle al dictador socialista el control del gobierno, los militares y PDVSA, el núcleo de la economía del país.
"La industria petrolera venezolana colapsó tras años de políticas arbitrarias que convirtieron a PDVSA y sus empresas filiales en meros instrumentos políticos al servicio del modelo socialista", dice el preámbulo de la ley.
El equipo de Guaidó está proponiendo una amplia variedad de contratos de exploración y producción que permitirían a las empresas privadas operar individualmente campos en Venezuela por primera vez en décadas. También podrían postularse para operar refinerías e instalaciones de la cadena minorista de combustibles del país, según el borrador de la propuesta.
Los nuevos contratos serían adjudicados por el nuevo regulador, que organizaría una "ronda cero" y permitiría a PDVSA elegir los campos que desea mantener en su portafolio.
"Todos los yacimientos de hidrocarburos podrán ser objeto de procedimientos licitatorios sustanciados y decididos por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos", agrega el preámbulo.
PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La actual Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, la columna vertebral de una economía dependiente de los ingresos petroleros, fue aprobada por Chávez en 2001 bajo poderes especiales para legislar, y luego fue reformada para aumentar la carga impositiva y el control del gobierno sobre la industria.
Chávez lideró una larga ola de nacionalizaciones en que se expropiaron los proyectos de ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp. Esas dos empresas y otras han ganado miles de millones de dólares en reclamos de arbitraje internacional.
La nueva ley impondría una tasa de regalías flexible con un mínimo de 16,67 por ciento y un máximo de 30 por ciento, dependiendo de los precios del petróleo, eliminando impuestos sombra que incrementan la carga fiscal. En la actualidad, compañías como Chevron Corp son compensadas a través de dividendos pagados por PDVSA.
Según la legislación, PDVSA seguiría siendo una empresa estatal, pero ya no se requeriría que participe en todas las operaciones petroleras del país.
Con información de Bloomberg y Reuters
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