Venezuela aprueba un proyecto de ley de amnistía que genera inquietud

Los legisladores venezolanos aprobaron el jueves una amplia ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos, en una medida que quizá sea el indicio más claro hasta ahora de que el gobierno interino, bajo la presión de Estados Unidos, está actuando para aliviar algunas de las tácticas más represivas del régimen.

Pero algunos expertos y activistas en favor de los presos políticos afirman que el proyecto de amnistía, aunque necesario desde hace tiempo, deja fuera a muchas personas detenidas por el Estado y depende de un sistema judicial cuestionado para su implementación. Incluso algunos partidarios de la ley la han calificado de imperfecta.

La ley se aplica a los años en el poder del gobierno a cargo, a partir de 1999, el primer año en el cargo del expresidente Hugo Chávez, un líder carismático y autoritario que se autodenominaba socialista y que instauró el régimen actual antes de su muerte en 2013.

Sin embargo, la ley de amnistía se extiende solo a los presos que fueron detenidos en un número determinado de protestas. Los críticos de la propuesta también señalan que los presos que se enfrentan a algunos de los cargos más graves, como los acusados de acciones violentas y armadas, no estarían amparados bajo ella. Según los grupos de derechos, este tipo de acusaciones por lo general se aplicaban de forma arbitraria y a menudo se basaban en pruebas inventadas.

La aprobación de la ley se produce mientras Estados Unidos presiona a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, para que oriente la economía del país hacia los intereses estadounidenses y lleve a cabo cambios democráticos tras un cuarto de siglo de gobierno cada vez más autoritario.

Durante ese periodo, miles de venezolanos y extranjeros han sido detenidos, muchos de ellos por cargos inventados, según grupos de derechos humanos, y normalmente por oponerse al gobierno. La medida pasó a Rodríguez, quien se esperaba que la promulgara.

"Lo digo como presidenta encargada chavista", dijo Rodríguez el jueves en una ceremonia en el palacio presidencial, donde promulgó la ley que la legislatura nacional aprobó más temprano ese mismo día. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía".

También pidió públicamente al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que revisara los casos excluidos de la ley de amnistía, una medida digna de mención en medio de las tensiones entre su ala pragmática del gobierno gobernante y la facción de línea dura de él.

Los grupos de derechos estiman que entre 600 y 900 presos políticos siguen encarcelados en el país esta semana, entre ellos políticos de la oposición, periodistas y otras personas. Los grupos han documentado torturas y abusos en las prisiones de Venezuela, y decenas de presos políticos han muerto en confinamiento o han desaparecido.

Además de la preocupación por las exclusiones insertadas en la legislación sobre la amnistía, también existe el temor generalizado de que el gobierno no cumpla plenamente la nueva ley. El gobierno se mantiene prácticamente sin cambios después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el 3 de enero y encarcelado en Nueva York.

Rodríguez debe afrontar ahora un creciente escrutinio en su país y desde Washington. En una publicación en las redes sociales la semana pasada, el presidente Trump calificó de "extraordinarias" las relaciones con Venezuela, y Rodríguez dijo en la NBC que había sido invitada a la Casa Blanca.

La semana pasada, estudiantes organizaron modestas marchas y concentraciones en toda Venezuela, exigiendo una amnistía general para todos los presos políticos y denunciando que la medida se quedaba corta. Y el jueves, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron en un comunicado la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Funcionarios estadounidenses y venezolanos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

¿Quién podría quedar en libertad con la nueva ley?

La nueva ley liberaría a los presos y borraría sus antecedentes penales. Se aplicaría a muchos de los cientos de personas encarceladas por motivos relacionados con su oposición al gobierno.

Pero la amnistía ofrecida tiene un alcance limitado.

La medida se aplica solo a quienes fueron detenidos en relación con una decena de "sucesos de violencia por motivos políticos" que se remontan a 1999. Estos sucesos fueron en su mayoría grandes protestas que en algunos casos duraron meses e incluyeron un golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002.

Lo más probable es que estas restricciones se traduzcan en que no todos los presos políticos queden en libertad, dijo Nicmer Evans, politólogo y crítico con el gobierno, quien estuvo recluido recientemente en El Helicoide.

Evans, quien calificó la ley de "injusta", dijo que podría excluir a los encarcelados por criticar al gobierno fuera de los periodos especificados en la ley. "Quedamos excluidos prácticamente todos los periodistas que hemos sido detenidos por nuestra opinión fuera de estos lapsos que están establecidos", dijo.

Los activistas también desconfían puesto que, según la ley, los liberados deben comparecer ante las autoridades judiciales, quienes "verificará los supuestos de la amnistía en cada caso" antes de conceder el indulto, lo que suscita la preocupación de que los tribunales, muy politizados, puedan tener demasiada discrecionalidad sobre el proceso.

Los activistas han pedido que una comisión independiente que incluya a organizaciones internacionales de derechos humanos supervise la aplicación de la ley.

¿Por qué ocurre esto ahora?

Rodríguez tiene que equilibrar las exigencias del gobierno de Trump y el arraigado sistema político del chavismo.

Ese sistema se ha mantenido a base de la represión y de unas elecciones empañadas por el fraude, según los expertos venezolanos. Se cree que Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, son algunos de los principales arquitectos y beneficiarios de ese sistema.

Aún así, desde la captura de Maduro, Rodríguez ha acogido la ley de amnistía y se ha comprometido a cerrar El Helicoide, la prisión a la que Trump parecía referirse cuando dijo que Venezuela se había comprometido a cerrar una "cámara de tortura". Más de 400 presos políticos han sido liberados desde la destitución de Maduro.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió recientemente perdón a los venezolanos por los crímenes cometidos por el Estado desde la llegada de Chávez al poder. "Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo, mostrando una fotografía de Chávez agarrado a un crucifijo.

¿Venezuela se está volviendo menos represiva?

Desde la captura de Maduro, han surgido indicios de que la represión en el país podría estar amainando. Y algunos venezolanos dicen que la ley de amnistía es una parte clave de ese proceso.

"La amnistía es un primer paso en la dirección correcta para Venezuela", dijo en las redes sociales el 7 de febrero Michael Penfold, profesor en Caracas de economía política y gobernanza.

Penfold, que ha sido crítico con el gobierno, se unió recientemente al nuevo Programa de Paz y Convivencia Democrática del gobierno interino, un plan nacional que pretende restablecer el diálogo político.

Pero muchos en Venezuela afirman que la ley de amnistía no va lo suficientemente lejos.

Delsa Solórzano, abogada y exlegisladora que pasó a la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por el fraude, dijo en una entrevista la semana pasada que el proyecto de ley no incluía la derogación de ciertas leyes que han "servido como instrumento real de persecución política", refiriéndose, entre otras, a una medida "contra el odio", que se ha utilizado para silenciar a los críticos.

La ley permite a quienes se encuentran fuera del país, muchos de ellos exiliados políticos, solicitar la amnistía a través de sus abogados. Pero excluye a quien haya promovido una acción armada desde el extranjero, una salvedad que se considera está dirigida a María Corina Machado, líder opositora exiliada que ha respaldado la intervención militar estadounidense.

Renzo Huamanchumo Castillo, estadounidense de origen peruano que estuvo recluido como preso político en otra prisión venezolana, Rodeo I, dijo esta semana que le preocupaba que el gobierno encontrara "excusas" para mantener a personas detenidas y continuar con sus prácticas anteriores.

Sin embargo, dijo, encontraba motivos para la esperanza, señalando las recientes protestas frente a las prisiones.

"Es el momento perfecto para que la gente salga y luche por su libertad", dijo. "Ya no están solos".

Sheyla Urdaneta y María Victoria Fermín colaboraron con reportería.

Max Bearak es reportero del Times en Bogotá, Colombia.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Genevieve Glatsky es reportera del Times radicada en Bogotá.

Sheyla Urdaneta y María Victoria Fermín colaboraron con reportería.