Venezuela acepta recibir más deportados de EE. UU.

El gobierno interino de Venezuela ha dado otra señal de sus esfuerzos de apaciguar al gobierno de Trump y está recibiendo más ciudadanos deportados. Esta semana han llegado tres vuelos.

El gobierno interino de Venezuela, en otra señal de su esfuerzo para apaciguar al gobierno de Donald Trump, está recibiendo más vuelos de deportación después de la captura del presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses.

El año pasado, Venezuela permitió hasta dos vuelos a la semana, número que ahora se espera que aumente a tres, según un funcionario estadounidense. Otros dos funcionarios también confirmaron un aumento, sin precisar un número concreto.

El gobierno de Trump ha estado presionando al gobierno interino de Venezuela sobre las deportaciones desde que Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero, según uno de los funcionarios estadounidenses. Todos los funcionarios hablaron con la condición de mantener su anonimato porque dijeron que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

Esta semana, por primera vez desde que Trump asumió el poder, tres vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos llegaron en una sola semana a Caracas, la capital venezolana.

Si tres vuelos semanales se convierten en algo usual, significaría que Estados Unidos deportaría a casi 30.000 venezolanos este año, aproximadamente el doble que el año pasado, dijeron expertos en migración. Esa cifra pondría a Venezuela entre los cinco primeros países receptores de personas deportadas de Estados Unidos. Se calcula que unos 650.000 venezolanos viven en Estados Unidos sin estatus legal.

Cuando se le preguntó sobre este asunto, una portavoz de la Casa Blanca dijo en un comunicado: "El gobierno de Trump seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para realizar la mayor operación de deportación masiva de extranjeros ilegales criminales de la historia".

El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.

El aumento de los vuelos representa una victoria para el presidente Trump y para asesores de su gobierno como Stephen Miller, quien se ha enfocado con intensidad en detener y expulsar a migrantes indocumentados y quien se unió a otros funcionarios de su gobierno para presionar por la destitución de Maduro.

Estados Unidos cortó de facto los lazos diplomáticos con Venezuela en 2019 y, como muchos países que rompen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Venezuela no aceptó vuelos regulares de deportación durante varios años. (Desde que Estados Unidos detuvo a Maduro, ambos países han dado los primeros pasos para restablecer sus lazos diplomáticos y reabrir sus embajadas en Caracas y Washington).

La imposibilidad de deportar a migrantes de manera directa a Venezuela se convirtió en una fuente de frustración para sucesivos gobiernos estadounidenses en un momento, durante la década pasada, en el que cientos de miles de venezolanos llegaron a Estados Unidos en medio del colapso económico de su país y un aumento histórico de la migración en la frontera estadounidense.

Los migrantes venezolanos, quienes carecían de una sólida red de apoyo de familiares que ya estuvieran en Estados Unidos y a menudo huían de la pobreza extrema, se convirtieron en el rostro de la crisis. Llenaron los autobuses enviados a estados del norte por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y pusieron a prueba los recursos estatales cuando abarrotaron los refugios de la ciudad de Nueva York.

Tras la toma de posesión de Trump, su gobierno los describió como miembros de grupos criminales y terroristas enviados por Maduro para desestabilizar Estados Unidos, una afirmación en gran medida infundada. Cientos de ellos fueron enviados a la base estadounidense de Guantánamo, Cuba, y a una infame prisión de máxima seguridad en El Salvador.

El aumento de los vuelos de deportación este mes ha suscitado la preocupación de que más migrantes venezolanos sean deportados sin el debido proceso, dijo Savi Arvey, cuyo equipo de investigación en Human Rights First, un grupo de defensoría de derechos, supervisa los vuelos de deportación. También ha generado inquietud, porque Venezuela sigue enfrentándose a la inestabilidad política y económica y a un clima de represión constante.

Durante el gobierno de Maduro, las fuerzas de seguridad detuvieron a opositores, activistas políticos y periodistas, y a pesar de su destitución, muchos funcionarios responsables de esas medidas represivas siguen en el poder.

Luis Ángeles, abogado que representa a migrantes venezolanos, describió a un cliente que está especialmente asustado. El hombre, de unos 60 años, fue por mucho tiempo miembro de un partido de la oposición antes de venir a Estados Unidos, dijo Ángeles.

Perdió su estatus legal el año pasado, cuando el gobierno de Trump revocó la libertad condicional humanitaria, un programa de la era del gobierno de Joe Biden que protegía de la deportación a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. (El gobierno también eliminó el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, otro programa que protegía a las personas de la deportación).

El hombre lleva detenido desde noviembre, cuando la policía detuvo el coche que conducía para la aplicación de servicios de transporte Uber en Florida, y lo entregó a las autoridades migratorias. "Tiene miedo de que lo devuelvan", dijo Ángeles.

Adam Isacson, experto en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que cualquier aumento de los vuelos podría acelerar el ritmo al que se detiene a los venezolanos.

Tras la "desdocumentación" de venezolanos de Trump, dijo, "casi todos ellos" corren el riesgo de ser detenidos, y los centros de detención están cada vez más desbordados.

"Si pueden sacarlos de los centros de detención y devolverlos a Caracas con mayor rapidez, sí, van a detener a más de ellos", dijo.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha dicho que su gobierno colaboraría en una "agenda de cooperación" con el gobierno de Trump.

Ha accedido a abrir el sector petrolero de Venezuela a Estados Unidos y ha liberado a algunos presos políticos, entre ellos, ciudadanos estadounidenses.

En contraste marcado con el gobierno de Maduro, que condenó enérgicamente el trato dado por el gobierno de Trump a los migrantes venezolanos, el de Rodríguez ha permanecido en silencio sobre el tema, incluso después de que un venezolano en Mineápolis recibiera un disparo en la pierna por parte de un agente del ICE este mes, mientras los agentes migratorios recorrían la ciudad.

El gobierno de Biden también había presionado a Maduro para que aceptara los vuelos de deportación, pero los vuelos solo se reanudaron brevemente hacia finales de 2023. Cuando el presidente Trump asumió el cargo el año pasado, Maduro se enfrentó a presiones inmediatas para que aceptara a personas deportadas.

Aceptó, pero los expertos afirman que usó los vuelos como una ventaja en las negociaciones con Estados Unidos, lo que indignó a los funcionarios estadounidenses. En marzo, después de que Maduro suspendiera brevemente los vuelos de deportación, el gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, entre ellos migrantes sin antecedentes penales.

En 2025, Maduro aceptó 76 vuelos, con un máximo de dos vuelos semanales. En el primer semestre del año, con frecuencia envió aviones de la aerolínea nacional de Venezuela para recoger a los deportados desde una base aérea estadounidense en Honduras. En el verano pasado, empezó a aceptar más vuelos de deportación directamente desde Estados Unidos.

El gobierno de Maduro presentó su recibimiento de deportados como un "rescate" de sus ciudadanos, incluso en animaciones en las redes sociales y videos con estilo de memes que se burlaban del atractivo del sueño americano. Las personas deportadas que salían de los aviones con camisetas blancas y pantalones deportivos procedentes de los centros de detención del ICE solían aparecer en videos filmados por el gobierno en los que le agradecían a Maduro.

Los aviones, que normalmente transportaban a unos 200 deportados, aterrizaban en el aeropuerto internacional de Caracas, normalmente los miércoles y los viernes. En su mayoría, estaban llenos de hombres venezolanos y un número menor de mujeres y niños. Algunos de los niños llamaron la atención porque se habían quedado en Estados Unidos cuando las autoridades estadounidenses deportaron a sus padres a Venezuela.

Los vuelos continuaron en gran medida incluso cuando Estados Unidos intensificó su campaña de presión militar contra Maduro y ejecutó ataques a embarcaciones frente a la costa de Venezuela, y se detuvieron hasta el 10 de diciembre.

Tras la captura de Maduro, funcionarios estadounidenses empezaron a discutir con el gobierno de Rodríguez la reanudación de los vuelos de deportación y el aumento del número de vuelos, según los funcionarios estadounidenses.

El primer avión en más de un mes aterrizó la semana pasada, el 16 de enero, procedente de Phoenix, Arizona, con 199 venezolanos. Le siguieron vuelos este lunes, jueves y viernes.

El jueves, más de 180 hombres y mujeres desembarcaron en Caracas de un avión blanco operado por Eastern Air Express, una aerolínea chárter estadounidense que tiene un contrato con el ICE. Cruzaron por un puente aéreo hasta una terminal del aeropuerto, donde fueron recibidos por funcionarios del gobierno venezolano.

La cuenta de Instagram del gobierno que documenta las repatriaciones dijo que las personas estaban siendo recibidas "con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación".

Zolan Kanno-Youngs y Tyler Pager colaboraron con reportería desde Washington, Isayen Herrera desde Caracas, y Patricia Sulbarán desde Nueva York.

Annie Correal es reportera del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Luis Ferré-Sadurní es reportero del Times y cubre temas de migración en la región de Nueva York.

Hamed Aleaziz cubre para el Times temas relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional y la política migratoria.

Zolan Kanno-Youngs y Tyler Pager colaboraron con reportería desde Washington, Isayen Herrera desde Caracas, y Patricia Sulbarán desde Nueva York.