Defensoría del Pueblo evaluará tomar medidas legales ante la decisión del Congreso de archivar denuncia contra Manuel Merino

Tras la decisión del Congreso de la República de aprobar el informe de Alejandro Cavero, de Avanza País, que sugiere archivar la denuncia en contra de Merino de Lama ante el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de Twitter y rechazó esta medida legislativa.

“Rechazamos aprobación del informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que archiva denuncia constitucional de la Fiscalía contra expresidente Merino y dos exministros por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de 11/2020″, informó.

Según indicó la Defensoría, la aprobación de esta medida impide al Estado continuar con su deber de investigar los casos de violación a los derechos humanos. El órgano también aseguró que evaluarán las medidas necesarias para corregir esta “afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas”.

“Con esta decisión el Estado incumple deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Evaluaremos las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas. #DerechoALaProtesta”, señaló.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la institución se pronuncia en contra de esta medida. Horas antes del debate de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales, la Defensoría solicitó al Congreso no aprobar la decisión de archivar la denuncia en contra de Merino de Lama.

“Demandamos a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no aprobar informe que propone archivar denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra expresidente Merino y dos exministros”, escribió.

De acuerdo a la explicación, esta decisión atentaba en contra de normas constitucionales y obligaciones a nivel internacional que el Estado debe cumplir. Por ejemplo, el deber de investigar cualquier caso que implique una posible violación a los derechos humanos.

“Aprobar dicho informe implicaría violentar mandatos constitucionales y obligaciones internacionales que obligan al Estado a investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos”, manifestó.

La Defensoría explicó que, como órgano reconocido, determinó que el gobierno no cumplió con el deber de garantizar el “ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta”. El órgano solicitó al Legislativo revisar este documento antes de tomar una decisión.

“En nuestro Informe Especial n.° 01 Movilizaciones Sociales Noviembre 2020 determinamos que el Estado no cumplió con deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta. Pedimos analizar documento antes de fijar postura”, enfatizó.

Por último, la entidad también pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de evaluar el futuro de la denuncia en contra de Manuel Merino, tomar en cuenta la posición de los familiares de las víctimas de represión durante las manifestaciones en noviembre de 2020.

La Defensoría detalló que el informe jurídico presentado por esta entidad a favor de la defensa de Bryan Pintado, joven asesinado durante estas movilizaciones, debe ser tomada en cuenta por los integrantes de la Comisión encargada.

“Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también deberían analizar al detalle la posición de los familiares de víctimas, expresada a través de informe jurídico presentado por defensa del joven fallecido Jack Bryan Pintado Sánchez”, recalcó.

Asimismo, en el informe referido por la Defensoría, Informe Especial Nº1 Movilizaciones Sociales noviembre 2020, esta enfatiza que, según los resultados de la supervisión realizada por esta entidad, la Policía Nacional del Perú cometió excesos innecesarios y no actuó en base a estándares internacionales ni principios de legalidad.

“El Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta. Al contrario, miembros de la Policía Nacional del Perú en determinadas circunstancias hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza, pues su actuar no se adecuó a los estándares internacionales, normas nacionales, ni a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los fallecidos, heridos graves y leves, la utilización desproporcionada de gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias, así como la utilización de escopetas de perdigones dan cuenta de esta situación”, detalló.

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