
Venezuela atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia reciente. Tras el descabezamiento del madurismo y el inicio de liberaciones parciales de presos políticos, el país avanza —con incertidumbre, tensiones y riesgos evidentes— hacia una apertura que parecía impensable hace apenas un año. En ese contexto reapareció en Caracas el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Su visita no es anecdótica ni protocolar: es política.
Zapatero sostuvo encuentros con Delcy Rodríguez y expresó públicamente su “gran confianza” en ella, celebrando la ley de amnistía como un supuesto punto de inflexión. El madurismo sin Maduro intenta presentar esa narrativa como prueba de reconciliación y normalización institucional. La estrategia es clara: transformar una concesión forzada en gesto magnánimo, y convertir la necesidad política en virtud democrática.
Conviene ser precisos: Zapatero no actúa como una figura neutral. Su presencia responde a una utilidad concreta para el poder. Funciona como interlocutor ante sectores de la izquierda europea que necesitan creer que la apertura proviene de una evolución interna del chavismo y no de la presión internacional ni de la resistencia sostenida de la sociedad venezolana.
Un historial que pesa
No es la primera vez que Zapatero interviene en momentos críticos. En 2018, durante las negociaciones en República Dominicana, existió la posibilidad de establecer garantías electorales mínimas para una competencia real. El resultado fue un esquema que favorecía al entonces presidente Nicolás Maduro y debilitaba aún más el terreno democrático. La oposición se negó a firmar un acuerdo que legitimaba condiciones fraudulentas, decisión que contribuyó a profundizar el aislamiento internacional del régimen.
Desde entonces, el discurso de Zapatero ha girado en torno a fórmulas como “diálogo” y “convivencia”, conceptos valiosos en cualquier democracia, pero vaciados de contenido cuando no existen garantías institucionales básicas ni respeto a los derechos fundamentales.
Silencios que hablan
El 28 de julio de 2024, Maduro invitó a Zapatero como observador electoral. Hasta hoy, el expresidente español no ha reconocido explícitamente lo que múltiples actores nacionales e internacionales denunciaron: un proceso carente de garantías plenas. La controversia no es técnica; es esencial. Se trata del derecho ciudadano a elegir libremente y de la legitimidad de los resultados. Cuando el silencio sustituye a la claridad, la neutralidad deja de ser imparcialidad y se convierte en omisión política.
La disputa por el relato
Tras los acontecimientos del 3 de enero y las liberaciones posteriores de detenidos políticos, el oficialismo ha promovido la idea de que la mediación internacional —con Zapatero como figura visible— fue determinante. Sin embargo, las excarcelaciones responden a un cambio en la correlación de fuerzas, a presiones diplomáticas acumuladas y a un nuevo contexto internacional que modificó los incentivos del poder. Presentarlas como resultado exclusivo de gestiones individuales distorsiona la realidad y desdibuja el papel central de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
La ley de amnistía impulsada por el entorno de Delcy Rodríguez no surge de una conversión democrática repentina, sino de una estrategia de supervivencia política. Es una herramienta para reorganizar el poder y reducir costos, no necesariamente para desmontar estructuras autoritarias.
El desafío verdadero
Lo que está en juego no es el prestigio de un mediador, sino la autenticidad de una transición. Venezuela no avanza por generosidad del aparato que la gobernó durante años, sino por la resistencia de su sociedad, por la persistencia del voto como instrumento de cambio y por la presión externa que terminó generando consecuencias reales.
En España, el debate debería centrarse menos en la figura de Zapatero y más en el principio que está en cuestión: la democracia no se defiende con ambigüedades. Se defiende con estándares claros y con coherencia frente a cualquier vulneración de derechos.
Venezuela necesita hoy condiciones verificables: cronograma electoral limpio, liberación plena de presos políticos, desmantelamiento de estructuras armadas irregulares y restitución integral de la soberanía popular. No requiere padrinos simbólicos ni relatos edulcorados. Requiere claridad, presión sostenida y compromiso inequívoco con la libertad.
La transición venezolana no pertenece a ningún intermediario. Pertenece a su pueblo y es el pueblo el que debe decidir su futuro.
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