Instituciones, sociedad y cultura: qué hay detrás de la violencia contra la mujer en México

A nivel mundial, México es el séptimo país más peligroso para ser mujer. La incidencia de casos violentos contra las mexicanas ha encendido diversas alertas entre la ciudadanía y las autoridades; sin embargo, diversos factores como la impunidad o la cultura de la misoginia han permeado en los procuradores de justicia, teniendo como consecuencia inmediata la revictimización de ellas ante los crímenes.

De acuerdo con la psiquiatra ‪Ana María Martorella‬, la revictimización o victimización secundaria es cuando la persona que sufrió una experiencia traumática entra en contacto con las autoridades del Estado que deberían de impartir justicia, pero en vez de cumplir adecuadamente su trabajo, la víctima es receptora de tratos injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora.

En México, la revictimización se ha manifestado en muchos casos emblemáticos de feminicidio, donde la víctima directa y sus deudos (víctimas secundarias) son vulnerados por parte de las fiscalías que deben de realizar las investigaciones correspondientes para atraer la justicia a las mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujer.

Por ejemplo, de acuerdo con la primera versión de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGENL), Debanhi Escobar no fue asesinada, sino que perdió la vida tras caer en una cisterna durante la madrugada de la noche en la que decidió salir de fiesta; asimismo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) tenía una línea de investigación en la que sostenía la probabilidad de que Luz Raquel Padilla perdió la vida después de que ella se prendiera fuego ella sola.

Ante este contexto, Infobae México consultó con Victoria Alva, doctora en Derecho y Globalización y miembro del personal docente de la Universidad La Salle, quien arrojó un poco de luz a este fenómeno para poder entender el contexto de las mujeres en México en relación a la violencia y el papel que tienen las autoridades.

Desde una perspectiva del derecho comparado, Alva Lugo explicó, por ejemplo, que México y Brasil (sexto peor país para ser mujer) son países que tienen un marco jurídico muy avanzado en materia de protección a la mujer, mientras que Islandia, el mejor país para vivir siendo mujer, no cuenta con una legislación de esta naturaleza.

Bajo esta lógica, explicó que el avance del marco jurídico mexicano se dio gracias a las malas experiencias que se han vivido en México; aunado a ello, la poca eficiencia fáctica de las autoridades ha incidido en que las leyes nacionales sean más específicas para procurar, al menos en papel, la impartición de justicia.

Para entender un poco las fallas que existen al interior de las fiscalías, la doctora Alva explicó que las instituciones están constituidas por personas, en donde sus criterios y cadena de valores intervienen en su quehacer diario, por lo que factores como la cultura y la educación son trascendentales para que ejerzan en favor de las víctimas.

Al mismo tiempo, señaló la necesidad de que la sociedad se empodere ante los impartidores de justicia “si es necesario sancionar a las autoridades, tendrán que ser sancionadas, pero el imperio de la justicia tiene que subsistir”.

Y es que la normalización de la violencia también juega un papel importante en los procesos de revictimización de las mujeres cuando son presas de los criminales, pues existe una agenda reiterada por parte de las industrias culturales que promueven la violencia contra ellas e incide negativamente en el imaginario social, de tal modo que se da por sentado que, tarde o temprano, estas cosas pasan.

De ahí la importancia de las mujeres que luchan contra la violencia y los colectivos, pues visibilizan a las víctimas directas y las secundarias. Algo que se puede observar es que las mujeres, cuando buscan justicia, no lo hacen solas, sino en conjunto. Es cuando se manifiesta la importancia que tienen todas las normas que existen para regular la violencia en medios.

Es por eso que se debe de cuidar la formación de criterio de las y los menores, pues por más leyes que se promuevan, se debe de generar un entorno en el que la violencia y todas sus manifestaciones discursivas no sean aceptadas.

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