A oídos sordos, mayorías necias

Por increíble que parezca, en un año que lleva en funciones la II Legislatura del Congreso de la ciudad, la Mesa Directiva se ha reunido dos veces.

Así es, este órgano encargado de garantizar la pluralidad, el diálogo democrático y la legalidad de las decisiones del legislativo local ha sesionado en apenas dos ocasiones. La primera en medio del polémico y cuestionable manejo del dictamen que prohibiría las corridas de toros en la ciudad. Y la segunda, la del viernes pasado, para cínicamente incumplir con un mandato judicial.

Entre abril y junio de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 5 sentencias en las que declaró que tanto la Jefa de Gobierno como dos diputados locales de Morena habían difundido propaganda gubernamental en periodo de veda, que habían hecho promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, enturbiando con ello la legalidad e imparcialidad del proceso de revocación de mandato.

Ese ejercicio, que Morena y sus aliados se adjudican como un hecho inédito en nuestra historia democrática y, de paso, un triunfo de su movimiento, fue en realidad un proceso plagado de irregularidades.

El capricho del Presidente para someterse a una consulta simulada a la ciudadanía, que llevó a centenares de funcionarios y servidores públicos de todos los órdenes y niveles de gobierno a hacer campañas disfrazadas de giras de trabajo, mítines disfrazados de asambleas y acarreos a las urnas de los beneficiarios de programas sociales, acabó siendo el motivo por el cual Claudia Sheinbaum fue inscrita en el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral y junto con ella, gobernadores, diputados y senadores morenistas.

Como parte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral se ordenó al Congreso de la ciudad analizar los asuntos e imponer las sanciones correspondientes. Esto inauguró un nuevo episodio de ilegalidades por parte del partido mayoritario. Lo primero es que pasaron semanas antes de que el Presidente del Congreso local hiciera del conocimiento del Pleno la notificación de los asuntos.

Sin respeto alguno por los mandatos de un tribunal, Morena emprendió una estrategia para evadir el cumplimento de las sentencias. El Presidente del Congreso, escudado en la mayoría parlamentaria vertió toda clase de pretextos y excusas para delegar una función que es derecho y obligación de todas y todos los diputados que integramos el Congreso, a un órgano administrativo, auxiliar de la Mesa de Directiva.

A pesar de ser asuntos que debían dirimirse en el Pleno, a Morena le llevó tres meses analizar 5 sentencias, y todo, para arribar a una penosa conclusión: que el legislativo local no tiene las atribuciones necesarias para castigar a la Jefa de Gobierno y a los diputados señalados por sus conductas. Tres meses para concluir que el Tribunal Electoral federal se equivocó, porque ni la Constitución local, ni la Ley de Revocación, ni la Ley Orgánica del Congreso dicen expresamente qué debe hacer el Congreso en estos casos, por lo tanto, no hay castigo alguno que imponer.

Pero a oídos sordos, palabras necias. En las últimas semanas, los pronunciamientos, proposiciones, oficios y reiterados llamados de diputadas y diputados de la oposición no faltaron. Quizá esa presión motivó al Presidente del Congreso a llamar a una reunión de la Mesa Directiva. Pero incluso ahí, las posturas y propuestas de la oposición fueron ignoradas. Como parte de un guión, los diputados morenistas corearon la misma narrativa, que la Ley de Revocación era omisa y que por eso, el Congreso estaba atado de manos.

Parecen olvidar que hace apenas un año, durante la I Legislatura no tuvieron problema en imponer amonestaciones a tres diputados y un alcalde, por mandato del Tribunal Electoral local. En ese entonces, sí se discutió la diferencia entre las faltas leves y las graves, entonces sí tenía sentido llevar este asunto al Pleno.

Este no es el Congreso que se merecen las y los chilangos. No es la transformación por la que votaron. Por eso, desde la Bancada Naranja insistiremos en señalar la ilegalidad con la que se ha conducido el Presidente del Congreso, defenderemos a la ley y a las instituciones del Estado. Ojalá defendieran la Constitución y las leyes como defienden a la Jefa de Gobierno.

Royfid Torres González (@royfid) es legislador por Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México.

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