La iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierta en el organismo del Estado a cargo del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control y sea autónoma en sus funciones y administración.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso el 30 de septiembre de 2021 proyecta cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.
Plantea que la CFE deberá generar por lo menos el 54% de la demanda nacional de energía eléctrica y dejará el resto a la iniciativa privada, quien solo podrá vender su producción a la propia Comisión Federal con los precios que se consideren más competitivos en el mercado.
Para instrumentar un nuevo sistema eléctrico, la iniciativa plantea que se deben cancelar todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad.
La iniciativa presidencial expuso como motivos para justificarla que la reforma publicada el 20 de diciembre de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue regresiva históricamente y sus verdaderos objetivos eran el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y la asignación de beneficios sin límite al sector privado.
Así proponen bajar las tarifas de la luz eléctrica
- La CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales.
- Se cancelarán los certificados de energías limpias.
- La CFE aumentará su producción de energía renovando 10 centrales hidroeléctricas, pues hasta 2020 solo utilizaba en 32.75% de su capacidad, subutilizando así el 67.25% debido a que algunas de sus plantas dejaron de operar debido a la exigencia de certificados o bien porque requerían una inversión en equipo tecnológico.
- Los órganos reguladores coordinados en materia energética: Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos se suprimirán y su estructura y atribuciones se incorporarán a la Secretaría de Energía (Sener).
- La participación en la generación eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control a cargo de la CFE.
Reforma provocará alza en los precios, dice la iniciativa privada
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las tarifas de electricidad podrían incrementarse hasta un 17% para los hogares y un150% para el sector industrial y empresarial si la reforma eléctrica es aprobada.
Esta alza de precios es un riesgo porque la reforma permitiría que solo la Comisión Federal de Electricidad pueda comprar y vender energía al precio que ella decida.
En ese sentido, explicaron que en la práctica, el cambio constitucional crea un monopolio, desplaza al sector privado en beneficio único de la Comisión debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país.
Expuso que la reforma dañará las finanzas públicas y además atenta contra la sustentabilidad ambiental y contraviene acuerdos internacionales.
Los costos internacionales
Para el gobierno de los Estados Unidos el cambio en el marco legal de México probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión.
“Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte, y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá” dijo la embajada norteamericana en nuestro país.
Ante la incertidumbre que genera en el vecino del norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una comitiva del gobierno de Joe Biden que fue encabezada por John Kerry.
Las peticiones de la oposición
Para brindar su apoyo a la iniciativa presidencial, los partidos opositores plantearon que el dictamen debería cambiar en algunos puntos e incorporar 12 propuestas entre las que destacan las siguientes:
- Establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
- Establecer la obligación del Estado para conducir la transición energética en conjunto con el sector privado y social.
- Incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan más de 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año.
- Fortalecer la regulación del mercado al darle total autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
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