La tarde de este martes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y “seguridad nacional”.
Lo anterior, conviene recordar, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En tanto, en el comunicado que emitió la dependencia, se detalló que fueron analizados los alcances que tendría el decreto en la administración pública, motivo por el cual el Pleno del INAI se mostró preocupado porque sea reservada información de manera generalizada y anticipada.
Además, se advirtió sobre una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), debido a que la “seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información”, con base en lo que se estableció en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es por lo anterior, que explicaron que se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
“Cabe señalar que el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos”, se pudo leer en el documento que emitió el instituto.
Pese a lo anterior, durante la conferencia mañanera de este 23 de noviembre en Palacio Nacional, el mandatario mexicano descartó que la declaratoria de “seguridad nacional” a Megaproyectos del Gobierno de México obstaculice el ejercicio de transparencia.
En esa misma línea, detalló que lo publicado en el DOF es únicamente para “agilizar trámites”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por procedimientos burocráticos y puedan ser terminados en el tiempo que se tienen planeados.
A pesar de lo establecido en el DOF, el Jefe del Ejecutivo aclaró que, más allá de un decreto, la declaración se desempeña como un asunto interno entre las dependencias federales.
Detalló que éstas se rigen por “principios de protección al medio ambiente; de justicia; de honestidad”: “se tiene que dar facilidades y se les tiene que tener confianza a las dependencias”, reiteró.
En ese tenor, López Obrador recordó que faltan sólo 120 días para la fecha límite en la que el Gobierno mexicano prometió concluir el AIFA. Asimismo, para el Tren Maya, detalló que aún está pendiente la construcción de 1,500 kilómetros de vías férreas para finales del 2023.
“¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no concluyéramos la obra? Pues no. Tenemos que terminarla”, aseveró.
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