
El pasado martes 23 de febrero se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Ante esta información, comenzó a aparecer información sobre registros de sus vínculos con el narcotráfico. Se recordó que en agosto de 2020, el mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), era investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes grupos delictivos.
Según esta acusación, el gobernador se habría favorecido de presuntas ganancias del crimen organizado, por lo que se señaló, existían evidencias (telefónicas) que se encuentra en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que contribuyó con pruebas contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.
Esta indagatoria se sumó a las denuncias realizadas por el morenista, Alejandro Díaz Durán, quien acusó a García Cabeza de Vaca de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Todas estas acusaciones se sostienen debido a los acontecimientos en Tamaulipas, relacionados con la actividad que el titular estatal realizó junto con organizaciones criminales que lo han acusado de traidor y de haberle dado millones de pesos en recursos para su campaña y su gobierno.
Fue en septiembre de 2019 cuando aparecieron varias narcomantas en distintas zonas de la ciudad de Reynosa, firmadas presuntamente por el Cártel del Golfo, con amenazas en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su hermano, el senador Ismael García.
De acuerdo con las fotografías difundidas por medios locales, en los mensajes se acusó al gobernador y a su hermano de haber recibido más de 15 millones de pesos para realizar sus campañas, bajo la promesa de permitirles operar y detener a integrantes de cárteles contrarios al Cártel del Golfo.
“Después que te dimos 10 millones para la campaña de tu hermano Ismael García Cabeza de Vaca y 5 Millones (…) ahora sales con mamadas”, se ve en una de las mantas.
En lo escrito también acusan al gobernador de haber incumplido su palabra, ya que a finales de abril de 2017, elementos federales mataron a un integrante del Cártel del Golfo identificado como Juan Manuel Loza Salinas, alias “El Toro”.
“A través del comandante Toro recibieron millones de dólares y aparte lo asesinaron mugrosos que son y aparte nos atacan con el grupo de delincuentes del “caiet” pero nos veremos pronto no se olvida nada... (sic)”.
En otra de las mantas, el Cártel fijó un plazo de cinco días para que el gobernador retirara a los policías de investigación criminal, de lo contrario los atacarían. Luego de ser encontradas las lonas, se registró una intensa movilización de elementos policiacos para retirarlas y ponerlas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Medios locales señalaron que no fue la primera vez que aparecen este tipo de amenazas en contra del gobernador y su hermano, pues ya habrían sido señalados directamente por sus nexos con estas organizaciones delictivas y señalados como traidores por no cumplir sus pactos.

A pesar de toda la evidencia que las instituciones y los Cárteles han mostrado, de manera directa e indirecta, Cabeza de Vaca se ha defendido y durante su ida a la Cámara de Diputados, dijo que la solicitud de la FGR fue una “persecución política” para sacarlo del gobierno de Tamaulipas.
Cabe recordar que el fuero es un privilegio de los servidores públicos, el cual evita ser procesados durante su periodo en funciones, la finalidad de éste es evitar mermar la gobernabilidad y las capacidades administrativas del gobierno ya sea local o federal; sin embargo, el gobierno de la 4T ha promovido la desaparición del fuero con varios integrantes de la Administración Pública Federal actual, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
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