“Aguachicoleo”, el nuevo delito que se registra en Baja California

El estado de Baja California se está preparando para acabar con el “aguachicoleo”, es decir, tomas clandestinas e irregularidades en más de 400 cuentas de empresas que no han pagado su consumo de agua, dejando pérdidas de hasta 1,000 millones de pesos.

El mandatario Jaime Bonilla Valdez, anunció una investigación de corrupción, de omisiones de pagos de derechos de agua, conexión de drenaje, tomas clandestinas y falta de medidores o permisos para descarga de aguas residuales y químicos contaminantes de parte de empresarios, así como en el manejo de los gobernadores anteriores en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Todas estas prácticas se han denominado como “aguachicoleo”, puesto que se han librado de pagar grandes montos de dinero. Pese a ello, algunos han recibido multas y han recuperando 330 millones de pesos; las autoridades amenazan por recuperar el resto.

“No es justo que la gente que menos tiene es la que mes con mes está haciendo fila en la CESPT para pagar su agua de manera legal y derecha, mientras que los empresarios que se han enriquecido a costa de esta ciudad evadan su responsabilidad”, aseguró el mandatario estatal.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinoza Martínez, señaló que existen posibilidades de que se levanten denuncias penales a los involucrados en el fraude millonario, aunque ahora solo mantienen una investigación en el ámbito administrativo.

“Han abusado y han golpeado mucho a la gallina de los huevos de oro”, señaló Espinoza, agregando que algunas de las compañías no cuentan con contratos de agua, pero gozan del líquido en exceso.

En videoconferencia, el pasado miércoles, junto a Rigoberto Laborín, actual director del CESPT, Espinoza señaló que han detectado tomas clandestinas y conexiones ilegales, que fueron ocultadas en terrenos o zonas aledañas en donde consiguen un flujo mayor al que pagan, pues algunos reportaban un suministro menor incluso al de una casa-habitación, de hasta cinco metros cúbicos.

“Encontramos que se les estaban cobrando consumos mínimos a grandes empresas, en donde era ilógico que gastaran menos que una casa habitación”, dijo la funcionaria.

Una de las ubicaciones de las tuberías ilegales fue encontrada en una iglesia, la cual podría pertenecer a una empresa refresquera de renombre que opera en el estado.

Al respecto, Bonilla refirió que la CESPT ha estado involucrada por muchos años, incluso desde décadas, al solapar a las empresas para que no que no paguen en agua que consumen.

“Tradicionalmente, como todos saben la CESPT, ha sido como una pila de agua bendita, todo mundo mete la mano y todo mundo se persigna y se va en las campañas. Ha sido la caja chica y la caja grande de las campañas”, señaló el gobernador, en referencia a sus homólogos que lo antecedieron, quienes abusaron de los recursos.

Además, añadió que las compañías que “no corrijan sus malas acciones, se van a pasar (los expedientes) al fiscal (general del estado), no nada más al Sistema de Administración Tributaria (SAT), porque esto, robo de agua, es penado, es robo a la nación. Están robando el agua a todos los mexicanos, es ‘aguachicoleo’ perfeccionado por años e ignorando por las autoridades.”

“Y, para que no se hagan las víctimas, no pagan impuestos, no pagan agua, derechos. A estos poderosos no sólo no les cortan el agua porque no pagan, sino que se les permite que no paguen por el drenaje. No ha habido un gobierno que los ponga en cintura. El tema del agua me fascina a mí ¡ni modo, me gusta mucho!”, acotó.

Bonilla Valdez aseguró que una de las empresas vinculadas es transnacional, cotiza en la bolsa y está siendo revisada, pero nunca contratan nada, por lo que es probable que la CESPT esté vinculada.

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