Hace más de 10 años, en julio de 2007, Jesús Romero Colín denunció al sacerdote Carlos López Valdés por los delitos de pederastia y corrupción de menores. El proceso fue largo y tortuoso, pero el cura acaba de ser sentenciado a 63 años de cárcel, en una histórica condena para estos casos.
El pasado 8 de marzo, el juzgado 55 en materia penal de la Ciudad de México notificó la emisión de la sentencia condenatoria en contra del sacerdote, dentro de la causa penal 244/2008, y le impuso una sentencia privativa de la libertad de 63 años, la cual solo podrá cumplir por los próximos 40 años, debido a que es el tiempo máximo de prisión en la CDMX.
"Esta es la primera sentencia condenatoria contra un cura católico pederasta en la Ciudad de México (CDMX)", de acuerdo con el abogado defensor de derechos humanos David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización civil que acompañó durante estos años a Romero Colín.
El abogado explicó que no hay antecedente alguno y por ello representa un parteaguas en la procuración e impartición de justicia en la CDMX.
El origen de los abusos
Los abusos comenzaron en 1994, cuando Romero Colín tenía 10 años y era monaguillo en la parroquia San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. El sacerdote, que en ese entonces rondaba los 50 años, se hizo muy amigo de la familia, y cuando tenía oportunidad, abusaba sexualmente del menor.
Romero Colín abandonó la parroquia San Agustín de las Cuevas a los 20 años, pero le tomó cinco años más decidirse a interponer la denuncia contra el sacerdote. Actualmente tiene 33 años y asegura sentirse contento por la sentencia contra su agresor. Sin embargo, el proceso para lograrla no fue fácil.
La defensa de Romero Colin afirma que de 2008 a 2016, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México consignó varias veces el expediente del sacerdote, pero lo hizo con errores, y hasta agosto de 2016, obtuvo una orden de aprehensión.
Las autoridades detuvieron al sacerdote pederasta en su casa de Jiutepec, Morelos, municipio donde seguía oficiando misa, a pesar de que se le había prohibido hacerlo desde 2011.
La defensa entregó como parte de las pruebas contra el sacerdote 800 fotografías en las que se puede observar al cura teniendo relaciones con Romero Colín y otros menores.
No obstante lo anterior, tuvieron que enfrentar una red de protección y complicidades para evitar que López Valdés fuese acusado, detenido y sentenciado.
En la sentencia, incluso, se integraron los testimonios de dos obispos en funciones: Jonás Guerrero, de Culiacán, Sinaloa, y Marcelino Hernández, de Colima, porque tuvieron conocimiento de las conductas delictivas del sacerdote pederasta desde antes de la denuncia de Romero Colín y no hicieron nada. "No solo fueron omisos, sino, incluso, cómplices", dijo el abogado.
El defensor, David Peña, adelantó que sigue la batalla legal contra la Iglesia católica, pues tendrán que aceptar sus responsabilidades y pagar una reparación por el daño provocado a Romero Colín.
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