Polémica en Entre Ríos tras la autorización de caza de aves autóctonas

Un debate se desató en Entre Ríos, luego de que la Dirección de Recursos Naturales de la provincia autorizara, en mayo último, la caza de 9 especies de aves autóctonas.

Por medio de la resolución Nº 997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, publicada en el Boletín Oficial provincial, el Gobierno de Entre Ríos habilitó la caza menor de varios ejemplares autóctonos en el territorio provincial.

“Habilitar la temporada de caza deportiva menor para el año 2024 en la provincia de Entre Ríos, desde el 10 de mayo hasta el 23 de agosto del corriente año”, dice el artículo primero de la norma emanada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos.

Mientras que el siguiente artículo, aclara: “Ratificar la prohibición de ejercer la caza en las superficies ocupadas por los sitios Ramsar de jurisdicción provincial; así como en las Áreas Naturales Protegidas, declaradas e incorporadas al Sistema Provincial y la superficie total de la Reserva de Salto Grande, establecida por Resolución N.º 157/79 DRN”. También, en el tercer artículo, se incluye como zona prohibida a los “Monumentos naturales”.

La norma establece que la caza estará habilitada en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, excluyendo las Áreas Naturales Protegidas incorporadas al sistema provincial según Ley Nº 10.479 de fecha 25 de abril de 2017 y las zonas vedadas que se indican en el artículo 2 de la Resolución 1087 del 15 de mayo de 2024 modificatoria del el artículo 8 de la Resolución 997/24. Es decir, que permite la cacería sin restricciones territoriales en las áreas de La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay; parcialmente en Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay (artículo 8º) y de forma exclusiva en cotos de caza para los no residentes en la provincia (artículo 9º).

En cuanto a las especies —9 tipos de aves, además de liebres— y a la cantidad, la medida, habilita la caza del pato picazo (Netta peposaca) 5; pato Barcino (Anas flavirostris) 3; pato Sirirí pampa (Dendrocygna viduata) 2; pato Sirirí bicolor (Dendrocygna bicolor) 2; pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis) dos 2; pato maicero (Anas georgica) 2; pato Collar (Callonetta leucophrys) 2; pato Capuchino (Spatula versicolor) 2; perdiz chica (Nothura maculosa) 8 y liebre (Lepus europaeus) 4.

Gabriel Bonomi, de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), dijo a Infobae que “la resolución del Gobierno de Entre Ríos autorizó la matanza de aves autóctonas en 6 departamentos de la provincia. Pero esta caza menor habilitada ahora involucra a animales que no son plagas, no son exóticas, no son abundantes. Son especies migratorias que dispersan semillas y huevos de peces a lo largo de toda su ruta migratoria”,

“En general, en Entre Ríos hay un rechazo de la caza de animales autóctonos, ya que se matan cientos de miles de aves todos los años y pueden alcanzar un millón, según datos conjeturales de distintas organizaciones, ya que no hay estudios por parte del gobierno. Además, hay que mencionar que los dos años anteriores, se autorizó la caza menor en 2022 y 2023, pero la Justicia la anuló y declaró inconstitucional y contrario a convenios ambientales pactados por parte del país”, agregó Bonomi.

Por su parte, Soledad Capurro, en representación de la Asociación Civil para la Conservación y Usos Sustentable del Ecosistema Entrerriano (ACETRA), integrada por trabajadores de turismo aventura y turismo cinegético, dijo a Infobae que el pasado 25 de abril “la Dirección de Recursos Naturales convocó a una audiencia pública que se realizó en la ciudad de La Paz, con la presencia de representantes de dicha dirección, el secretario de Producción y del Secretario de Turismo, además de biólogos y científicos, con el objeto de presentar entre otras cosas los estudios de Relevamiento poblacional de Anátidos realizados en el 2023, a modo de brindar a la sociedad la posibilidad de debate, y ninguna de estas llamadas ONG ambientalistas, (no existe registro que hayan estado presentes) emitió comentario alguno”.

Negó, por otra parte, que los cazadores autorizados “maten cientos de miles de aves”, como dijo Bonomi, y aseguró que “los datos reales sobre la extracción anual por parte de la actividad cinegética surge fácilmente de cruzar la información de los permisos con las hojas de rutas, cifras que ni se acercan en lo más mínimo a las mencionadas”.

Además, Capurro sostuvo que existen estudios científicos al respecto que “viene realizando desde 2019 la Universidad de La Pampa, con la colaboración de profesionales de otras universidades del país, y de prestigiosos científicos nacionales del INTA y del CONICET, sobre la abundancia de cada especie, a partir de los cuales el Gobierno determinó los límites de la habilitación y la Justicia desoyó los reclamos”.

Aclaró que “estos estudios permiten conocer en profundidad la población de aves, de modo de poder definir las políticas al respecto y de garantizar su sustentabilidad”. También garantizaron que el Gobierno de la Provincia controla la actividad con personal del Gobierno como de la Policía de Entre Ríos. “Esta tarea se realiza estrictamente de acuerdo a lo habilitado por el Gobierno, basado en información científica seria y acreditada, y en sintonía con las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, y la República Oriental del Uruguay”.

“En Entre Ríos, independientemente de las inspecciones provinciales, cada operador debe completar una hoja de ruta con toda la información de recabada luego de cada actividad diaria, la misma debe ser presentada ante la comisaría de la zona y luego presentado ante la Dirección de Recursos Naturales”, explicó la representantes de ACETRA.

Según Bonomi, respecto de la resolución del año pasado, este año se amplió la variedad de 6 a 9 especies de aves que pueden ser cazadas.

La norma destaca que para la caza de anátidos se debe utilizar un 100% de municiones alternativas no contaminantes como el acero. Si bien en un primer momento se dispuso que “aquellos cazadores provenientes de otras provincias deberán hacerlo exclusivamente en establecimientos de turismo debidamente inscriptos en la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización o en inmuebles determinados por estos”, posteriormente y por Resolución 1087 del 15 de mayo de 2024, esta exigencia quedó solo para los extranjeros.

Las excursiones de caza deberán efectuarse los días sábados, domingo y feriados, vísperas o posteriores al feriado y están habilitadas únicamente en establecimientos de turismo aventura autorizados por la provincia.

“Todo cazador deberá estar munido de la pertinente Licencia y/o Permiso Transitorio para ejercer la Caza Deportiva Menor. La licencia de caza se obtiene desde la página de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Producción Provincial”, precisó la resolución.

Como mencionó Capurro, también se estableció que es obligatorio el uso de la “Hoja de Ruta del Cazador”, la cual deberá estar cumplimentada para el tránsito final y podrá ser requerida y verificada por personal competente de la Dirección General de Fiscalización y Dirección Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o personal delegado debidamente autorizado. Su omisión constituye infracción a la legislación vigente.

Por su parte, Bonomi, de Ceydas afirmó que hay intereses económicos muy fuertes de los 14 cotos de caza de Entre Ríos para que esta práctica de caza menor se habilite. Según dijo, “se mueven montos millonarios con esta actividad. Por cada salida o excursión para cazar se cobra entre 3.000 y 4.000 dólares”.

“Se utilizan métodos crueles, como cebar con alimentos a determinadas lagunas y luego los masacran. Es como pescar en una pileta. Utilizan señuelos y silbatos especiales con la vocalización de los patos. La fiscalización es débil. En esta nueva resolución se prohibió el plomo y se reemplazó por acero. Pero como no hay control, no se puede verificar eso. No todas las armas aceptan estos materiales nuevos. Y al no haber control, no se sabe qué municiones se utilizan”, concluyó.

Las organizaciones que llevan adelante la protesta explicaron también que “el plomo que contienen los perdigones usados para cazar es altamente contaminante y probablemente cancerígeno, según un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)”. Otros argumentos son que el Estado provincial “no cuenta con capacidad para fiscalizar la caza”.

Además de la acción judicial, Ceydas lanzó una campaña de recolección de firmas de Change.org que señala que “las aves autóctonas que se matan en los cotos no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. No hay razones para habilitar semejante matanza” y exigió la “anulación de esta irresponsable e insensata medida que está exterminando a nuestras aves” expresan en los fundamentos del escrito.

La carta abierta apunta que, “a pesar de los antecedentes de inconstitucionalidad y de violación de tratados internacionales y del contundente rechazo social hacia la caza” fue autorizada la “matanza de 9 especies de aves autóctonas en Entre Ríos” y recordó que todos los años cazadores extranjeros contratan cotos de caza “a masacrar cientos de miles de aves autóctonas”.

El Ceydas, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Ayuda Animal Concepción del Uruguay había presentado el año pasado un recurso de amparo y una medida cautelar que tramitó en la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de Paraná, contra la autorización de caza emitida en 2023. La Justicia aceptó parcialmente el pedido de las organizaciones y dispuso dejar sin efecto el permiso. La entidad dijo que en los próximos días tiene previsto presentar un nuevo recurso ante la Justicia.

En los dos últimos años, las resoluciones que habilitaron la temporada de caza menor en Entre Ríos fueron judicializadas. La Justicia falló a favor para frenar los decretos de 2022 y 2023.

En la aceptación del recurso judicial del año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de Paraná dispuso “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo colectiva articulada por Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestre —CEYDAS—, Conciencia Animal, Ayuda Animal y Ecoguay Gualeguay contra el Estado Provincial y en consecuencia: Anular parcialmente por inconstitucional e ilegítimo el artículo 2° de la Resolución Nº 888/23 en cuanto habilita la caza menor para el presente año de las especies perdiz chica, pato bicolor, pato picazo y pato barcino en las cantidades y por excursión que autoriza su artículo 3″.

En cambio, ordenó “desestimar las pretensiones consistentes en declarar a los animales sujetos de derecho y la prohibición de la caza por cinco años y hasta tanto las conclusiones de estudios a realizarse aconsejen lo contrario”.