Organizaciones de víctimas piden que Uribe rinda declaraciones ante la JEP por ‘falsos positivos’

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, fue entregado el informe Ellos sabían ¿dieron la orden?, donde diez organizaciones de víctimas incluyendo al Colectivo Orlando Fals Borda, solicitaron formalmente ante el Tribunal que sean citados para rendir declaraciones sobre las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, dos expresidentes y ocho exfuncionarios entre los que se encuentran exministros y generales en retiro.

Según la información señalada en el documento Ellos sabían ¿dieron la orden?, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, el exministro Camilo Bernal y el ex viceministro Sergio Jaramillo, y los generales Fredy Padilla, Mario Montoya, Óscar González entre otros tres más, habrían tenido conocimiento del aumento sustancial de ejecuciones de civiles pasadas como bajas en combate en diferentes regiones del país y no habrían hecho esfuerzos para evitar esta matanza sistemática.

La abogada de la Asociación Minga, Pilar Castillo señaló: “En efecto las altas comandancias del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares, así como funcionarios de alto nivel como el presidente y vicepresidente de la República, tuvieron conocimiento temprano de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para evitarlo”, indicando además que desde el 2004 hay denuncias registradas de este tipo de asesinatos claramente ilegales.

Otro de los apartados señalados en el documento es el descontento que se está generando por parte de las víctimas sobre la metodología que esta usando la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a que la información no ha sido reveladora, además de señalar que altos mandos están huyendo de su responsabilidad ante el Tribunal de Paz.

“Consideramos que hasta el momento, tanto en el llamado a versiones voluntarias como en los autos de determinaciones de hechos y conductas, la JEP sigue concentrándose en los militares que ya habían sido vinculados en la justicia ordinaria, incluso en algunos que ya tenían condenas penales en su contra, lo cual no aporta a lo que creíamos desde el inicio sería el valor agregado de la jurisdicción de ir tras aquellos comparecientes militares que, por el fuero para ser investigados, no habían sido llamados por la jurisdicción ordinaria”, señaló la abogada Castillo.

Por último señalaron en el informe que pese a los comentarios que han brindado mandos militares y figuras políticas sobre las recientes declaraciones de militares ante la JEP, las ejecuciones extrajudiciales no fueron un hecho aislado, o errores cometidos por soldados, sino que por el contrario era un macabro sistema de incentivos militares, que tuvo un significativo ascenso en las muertes del 2006 al 2008.

“Se extendió a todas las divisiones del Ejército Nacional, muchas veces acompañado de un discurso de odio, a través de órdenes e involucrando a la población civil, funcionarios públicos y a un significativo número de unidades mayores, menores y tácticas”, indicó la abogada de la Asociación Minga, Pilar Castillo.

Uribe ha sido uno de los duros contradictores de la idea que las ejecuciones extrajudiciales fueran una política de estado, inclusive el año pasado señaló el líder del Centro Democrático: “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.

Sobre más información del Tribunal de Paz, la JEP confirmó que el coronel retirado Jaime Humberto Pinzón Amézquita deberá comparecer ante ese tribunal de paz para explicar su presunta injerencia en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2005 y 2006 cuando él era comandante del Batallón Atanasio Girardot en Medellín.

Será ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, los próximos 2 y 3 de junio desde las 8 de la mañana, cuando el exmilitar deberá explicar los mal llamados falsos positivos que ocurrieron durante su comandancia en ese batallón antioqueño.

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