Un soldado muerto y dos heridos por explosión de una mina antipersonal en Tierralta, Córdoba

Tres soldados, que se encontraban en el corregimiento de Saiza, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, fueron víctimas de la activación de una mina antipersona, en donde falleció el uniformado José Manuel Lopera Borja, de 25 años, mientras que los otros dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

Mediante un comunicado, el Ejército atribuyó la implantación de este artefacto por parte del Clan del Golfo, ya que en el lugar donde se realizaban las respectivas operaciones de control territorial por parte del cuerpo del Batallón de Ingenieros No. 17 General Bejarano Muñoz, existe una fuerte insurgencia de este grupo armado.

Asimismo, el comando de la décima séptima brigada orgánica de la séptima división del Ejército Nacional, informó que, “como consecuencia de esta cobarde acción, tres militares resultaron afectados, se realizó evacuación de estos por vía aérea, pero lamentablemente uno de ellos falleció por la gravedad de las heridas, los otros dos militares están fuera de peligro y se recuperan en un centro asistencial”.

“Rechazamos y denunciamos esta infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, por la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, lo cual será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, expresó el Ejército mediante un comunicado.

Siguen aumentando las víctimas de minas antipersona en Colombia: 2020 cerró con 165 y ya van 5 en lo corrido del 2021.

El flagelo de las minas antipersona es una problemática humanitaria que, según información de Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la paz (OACP), ha dejado en el país 9.653 personas heridas, es decir, el 80.5 % de las víctimas, y 2.322 fallecimientos, el 19.5 % de los ciudadanos que sufrieron accidentes con estos artefactos. Estos índices señalan que 1 de cada 5 víctimas muere.

De acuerdo con el Gobierno nacional, en 2020 se liberaron 25 nuevos municipios de sospecha de minas antipersona (MAP) y municiones usadas sin explosionar (Muse), en 13 departamentos del territorio nacional.

Con este anuncio, entregado el pasado 9 de diciembre por el presidente Iván Duque, se completan 432 municipios en todo el país libres de sospechas de minas, desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario que se adelantan en todo el territorio nacional, y 154 en los últimos dos años.

Pese a esto, la Campaña Colombiana Contra Minas dio a conocer que, hasta el pasado 15 de enero, se han registrado 5 víctimas de minas antipersonal, 4 de ellas menores de edad. La iniciativa recoge que los hechos se presentaron en el departamento de Nariño (municipios de Policarpa y Tumaco) y en Arauca (municipio de Saravena), donde lamentablemente dos de los menores de edad fallecieron.

“Estas situaciones son inaceptables, instalar estos artefactos es dañar a la población civil; niños, niñas, abuelos, abuelas, madres, padres… a comunidades enteras que pierden la posibilidad del paso, sus desarrollos culturales, el uso productivo de sus territorios y lamentablemente a veces alguien termina su vida o es mutilado en una de estas terribles explosiones”, relata la Campaña Colombiana Contra Minas.

ELN libera a dos soldados secuestrados en Norte de Santander

En otras noticias, también se registró la liberación de dos soldados que habían sido secuestrados por el ELN, el pasado 2 de febrero, en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander), en la subregión del Catatumbo. El plagio se dio cuando los uniformados salieron del Batallón Energético N.º 10 para buscar alimentos.

Después de 13 días de cautiverio, los soldados del Ejército Nacional Jhony Andrés Castillo Ospino y Jesús Alberto Muñoz recuperaron su libertad. El hecho se dio este 15 de febrero en la tarde, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó los militares, en zona rural de Norte de Santander, a una misión humanitaria en la que participó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Iglesia católica.

“Agradecemos a las partes en conflicto la confianza que depositaron en nosotros para desarrollar esta operación humanitaria como intermediario neutral e independiente. Esto fue posible por el diálogo confidencial que sostenemos con todos los actores armados”, mencionó Nicolás Lenssens, jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga.

La misión fue acompañada por una enfermera que valoró el estado de salud de Castillo y Muñoz. Una vez se comprobó que no presentaban complicaciones, los uniformados fueron trasladados al casco urbano de Ocaña, donde fueron entregados al Ejército Nacional.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: