Procuraduría revela detalles sobre los secuestros realizados por las Farc durante el conflicto

El Ministerio Público realizó un informe en el que recoge los testimonios de varias víctimas del cautiverio y advirtió sobre lo que falta en el proceso de la JEP.

Colprensa
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El 28 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho miembros del secretariado de las Farc cargos por crímenes de lesa humanidad, privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes. La responsabilidad sobre estos hechos se dio durante el marco del proceso 01, que tiene relación con los secuestros que ejecutaron las Farc en el marco del conflicto armado interno, que azotó al país por más de cinco décadas.

Con esta decisión de la JEP las víctimas de la otrora guerrilla, tanto quienes estuvieron secuestrados como quienes no volvieron a saber de sus familiares, reabrieron viejas heridas por los malos tratos que sufrieron las más de 20 mil personas que estuvieron en cautiverio en los campamentos de las Farc. Así como de los otros horrores que debieron soportar durante el tiempo que estuvieron secuestrados.

Este miércoles 10 de febrero, el diario El Tiempo reveló los detalles que se encuentran en un documento de 443 páginas presentado por la Procuraduría, en diciembre del año pasado, ante la JEP para dar más detalles al caso 01 de esta jurisdicción. En el informe hay detalles escabrosos sobre lo que vivieron las personas que fueron plagiadas por la extinta guerrilla.

Fuentes de esta entidad confirmaron al diario capitalino que, aunque el informe fue presentado antes de que la JEP decidiera imputar cargos a los antiguos excomandantes de la guerrilla, tanto la Procuraduría como la JEP tienen datos importantes que, al juntarse, revelan detalles de los que no se había hablado antes sobre los secuestros realizados por el grupo armado.

“El trabajo de la jurisdicción es impresionante, lo que hacemos desde la Procuraduría es complementar esta información para contribuir con el esclarecimiento de los hechos, revelaron las fuentes al medio.

Entre los casos que se revelan en el informe, la Procuraduría destacó el de una niña de 12 años que fue plagiada para ser pareja de un comandante guerrillero y que fue encerrada en una habitación en la que fue violada, durante varios años, por varios guerrilleros. Así como el de un policía al que secuestraron y violaron para sacarle información y un transportador que fue obligado a llevar a un alcalde y un concejal para que fueran fusilados por los alzados en armas, luego al hombre le habrían quemado su chalupa y lo obligaron a desplazarse.

Esos serían solo algunos de los casos que aloja el documento dentro de sus más de 400 páginas, pero con detalles mucho más explícitos sobre las acciones y comportamientos que los guerrilleros cometían durante el cautiverio de sus víctimas. Después del cruce de fuentes oficiales y los testimonios de víctimas, según la JEP, fueron 21.396 personas las que estuvieron privadas de la libertad por los guerrilleros y quienes fueron identificadas con nombre y cédula en el periodo 1990 a 2016, siendo los años 98, 99 y 2000, en los que se dieron la gran parte de los plagios. Sin embargo, la Sala Penal sabe que esta información está sujeta a errores, pues la guerrilla no llevaba un registro.

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El macrocaso 01 de la JEP está investigando los secuestros que se realizaron entre 1993 y 2012, la Procuraduría establece en ese informe que tiene información de 145 casos de plagios que sucedieron en fechas cercanas a la fundación de la otrora guerrilla.

Sobre esto, según explicó El Tiempo, dentro del informe la Procuraduría hizo algunas advertencias. La entidad resaltó que hay diferencias entre las estadísticas que ha dado a conocer el Estado y las presentadas en el documento de la Procuraduría. “Esto quiere decir que el número de hechos y víctimas señalados en las fuentes oficiales no corresponden con las que hasta la fecha se encuentran en el expediente”, reza el informe.

La JEP corresponde a esta advertencia, pues la Sala Penal ha confirmado que, aunque ellos hayan logrado identificar más de 21 mil víctimas de secuestro, suponen que el subregistro es mucho más amplio. La Procuraduría establece que “es necesario ampliar las fuentes de información que reposan en el expediente”.

<p>Dentro y fuera del país, los ciudadanos expresaron los mismos mensajes: \La vida es sagrada\"  \"Paz con justicia social\" o \"No tomes lo habitual como una cosa natural  nada es imposible de cambiar\"</p><p></p>"
<p>Dentro y fuera del país, los ciudadanos expresaron los mismos mensajes: \La vida es sagrada\" \"Paz con justicia social\" o \"No tomes lo habitual como una cosa natural nada es imposible de cambiar\"</p><p></p>"

Además, la entidad hizo un duro señalamiento, según el medio, sobre las personas que fueron plagiadas antes de 1993, pues señalan que muchas de ellas siguen desaparecidas. “Estas personas pueden llevar más de 30 años sin que se conozca su paradero, lo que implica que el daño ocasionado a su familia ha sido grave y devastador. Las personas que se han acreditado como víctimas ante la JEP en procura de respuestas sobre la comisión de estas conductas, merecen que se les preste especial atención, pero, sobre todo, que de manera muy clara se les explique qué pueden y qué no pueden esperar obtener del proceso”, señalaron en el documento.

Por otro lado, la entidad resaltó algunas de las preocupaciones que tienen las víctimas sobre el proceso de la JEP. ¿Cuánta plata consiguieron las Farc con los secuestros? ¿Qué otros cabecillas o mandos medios tienen que responder? ¿Qué pasa con los casos registrados antes de 1993? ¿Cómo va a ser el papel de las víctimas? ¿Qué dejó por fuera la JEP en su investigación sobre el secuestro? ¿Qué va a pasar con los ex–Farc que abandonaron el proceso de paz?, son algunas de las dudas que citó el medio.

El papel de las víctimas

La Sala Penal ha destacado que las víctimas son el centro del proceso. Sin embargo, para el Ministerio Público, fueron pocos los informes de víctimas en los que se tienen en cuenta “algunos sectores de la sociedad civil”. Según la Procuraduría esta situación podría generar un sesgo en proceso, “el hecho de no haber participado en el proceso no puede entenderse como equivalente a que no existieron casos de victimización de ciertos grupos de población”.

Según las revelaciones que hizo el diario capitalino del informe de la Procuraduría, en ese documento resaltan a la población de transportadores, quienes, en ejercicio de su labor, fueron uno de los grupos más expuestos a la actividad criminal de los exguerrilleros. El Ministerio Público recogió casos de transportadores que se vieron obligados a pagar dinero a la guerrilla y prestar sus servicios para transportar secuestrados.

Por otro lado, dentro del informe la Procuraduría cuestionó las razones para llamar a versiones individuales por parte de la JEP a las víctimas, señaló que “no fueron claros los criterios para seleccionar a quiénes fueron convocados y tampoco se veían reflejados criterios de organización para preguntar por una víctima, por un caso o por una demanda de verdad”.

Video grabado por las Farc en el momento del secuestro. A la izquierda Héctor Arismendy.
Video grabado por las Farc en el momento del secuestro. A la izquierda Héctor Arismendy.

Y aunque la entidad reconoce que es difícil saber a ciencia cierta cifras exactas sobre los hechos sucedidos en los años del conflicto, establecieron una estimación oficial sobre el dinero recaudado por las Farc entre los años 1996 y 2012, según el Ministerio Público, serían cerca de 3,6 billones de pesos colombianos, y adicionalmente, US$ 1.233.898 de dólares americanos por cuenta de esta práctica.

Abuso sexual durante el conflicto

La Sala Penal, además, ha resaltado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas que fueron plagiadas por los guerrilleros, varias de ellas, las que lograron sobrevivir, han contado a la JEP los vejámenes a los que fueron sometidas durante sus secuestros. “Recuerdo que estaba en pijama y me dieron ganas de orinar y fue en ese momento que abusaron sexualmente de mí, al otro día me sacaron de ahí, me senté en una piedra y al observar el lugar me di cuenta que estaba cerca de mi finca (...) yo me sentía destrozada, no me dejaron bañar, citó el diario El Comercio, a una de las mujeres que declaró ante la JEP sobre los hechos de los que fue víctima en 1997, cuando fue secuestrada en Granada, Meta.

Por su parte, para el Ministerio Público, según lo reveló El Tiempo, “los hechos de violencia sexual fueron aislados. No puede afirmarse que existiera una política destinada al uso de este tipo de violencia como mecanismo de guerra”. Aún así, en el informe conocido por el medio se retratan varios casos en los que niñas, mujeres y hombres fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los guerrilleros.

Destacaron dentro del informe el caso de una enfermera que fue secuestrada en 1997. “Le pusieron camuflado, la llevaban a los combates como enfermera, la violentaron sexualmente y la empalaron. La llevaron hasta el Estado Mayor del Bloque Oriental con heridos para que fueran atendidos, luego de empalarla apareció en un caserío en el Caquetá, al parecer le sacaron los ovarios, la matriz y el útero”.

Por otro lado, el sufrimiento de una niña de 12 años quien fue sacada de su casa en1992, después de que los guerrilleros amenazaran a sus padres. “Se la llevaron a la fuerza, con los ojos vendados y amarrada en las manos, la llevaron a una habitación y la encerraron, allí alias Kiko y dos hombres más abusaron sexualmente de ella, así ocurrió durante cinco años sin ver la luz del día”.

Pero lo que destacó el informe de la Procuraduría es que, aunque las niñas y mujeres son las más afectadas, durante los años de conflicto con las Farc también los hombres se vieron afectados por estos actos deplorables. Lo que explicó El Tiempo es que del total de los casos citados por el Ministerio Público encontraron 40 en los que hubo violencia sexual, lo que equivale al 0,73% del total de las víctimas de secuestro. Se identificó que en un 85% (34 víctimas) de estos las víctimas eran mujeres, mientras que en el 15% (6 víctimas) eran hombres.

Exguerrilleros que no han respondido y los que no van a responder

El Ministerio Público alertó que “la mayoría de las personas que se encuentran vinculadas de manera reiterativa con los hechos de secuestro extorsivo están imposibilitados para comparecer al sistema, bien porque desertaron del proceso o bien porque están muertos”.

Por esta razón, la entidad propone que se realice una vinculación de los casos por bloques y frentes de la extinta guerrilla, aquellos que fueron conocidos por sus acciones más violentas. La Procuraduría identificó que, en cuanto a homicidios de personas en cautiverio, el mayor responsable es Víctor Julio Suarez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’ (24 víctimas); seguido por Hernán Darío Velásquez, alias el ‘Paisa’ (20 víctimas); y en tercer lugar German Briceño Suarez, alias Gran Nobles (14 víctimas), seguidos por muchos otros guerrilleros.

Algunos de ellos han muerto, razón por la que su parte del conflicto no será escuchada. Otros, como es el caso de el ‘Paisa’ desertaron del acuerdo de paz y, aunque se han declarado como desertores y enemigos, no se conocerán sus testimonios por lo pronto.

Sin embargo, la Procuraduría destacó que algunos excombatientes que siguen ligados al proceso de la jurisdicción no han rendido su versión voluntaria. Estos exguerrilleros serían lmer Caviedes (conocido como ‘Albeiro Córdoba’, quien está relacionado con 149 víctimas) y Jaime Aguilar (‘Dionisio Rayo’, vinculado a 84 secuestros). Así como Hermes Enrique Guerra Martínez, Jorge Eliécer Trejos Bohórquez, Henoc Capera Trujillo, Bertulfo Caicedo Garzón y Nelson Antonio Jiménez Gantiva.

Los imputados, por ahora, por la JEP son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, de quienes se conocerán sus respuestas el próximo 9 de marzo.

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