La Fiscalía de Colombia declaró este martes delito de lesa humanidad el crimen contra la periodista Silvia Duzán, que fue asesinada hace 30 años a manos de un grupo de hombres armados en Cimitarra, municipio del departamento de Santander, en el norte del país.
Esta decisión permitirá que el caso no prescriba y que los fiscales sigan investigando para llevar a los posibles responsables ante la Justicia, según informó el diario local ‘El Espectador’.
La Fundación para la Libertad de Prensa calificó la decisión como “un avance en la lucha contra la impunidad”. Sin embargo, exige que "la Fiscalía adelante la investigación bajo los estándares de debida diligencia para dar con los responsables y así impartir justicia”, indicó en su cuenta de la red social Twitter.
Para concluir que se trató de un crimen de lesa humanidad, la Fiscalía ha detallado tres elementos fundamentales: el contexto de violencia en el que se dieron los hechos, lo que significó su muerte y cómo desde el derecho penal la figura es aplicable al caso.
La periodista, hermana de la columnista de la revista ‘Semana’ María Jimena Duzán, se encontraba realizando un documental en 1990 para la británica Channel 4 sobre la resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) cuando fue atacada. En el asalto murieron, además, tres líderes campesinos.
En el contexto del asesinato se detalla cómo “la dinámica y las formas de violencia en esa zona, son la irradiación en la esfera regional, de un fenómeno complejo que tenía lugar en el país”. En medio del fuego cruzado que ha reinado por décadas el Magdalena Medio, diversas organizaciones lideraron, por ejemplo, un proyecto con el que se buscaba crear una provincia Carare, para mayor autonomía de la región. Y, puntualmente ATCC “inició un proceso de resistencia civil con la que se logró un pacto con los grupos armados de respeto a sus derechos”.
La Fiscalía concluyó que su homicidio generó un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión en Colomba, por el triple efecto que tiene el homicidio de un periodista: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas; genera un efecto de silencio y miedo en los colegas de la víctima; y, por último, viola los derechos colectivos a buscar y recibir información.
Por otro lado, el ente investigador concluyó que el asesinato de los líderes campesinos que la acompañaban, Miguel Ángel Baraja, Saúl Castañeda y Josué Vargas, también genera efectos perversos sobre el derecho a la libre asociación.
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