El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comenzará a las 10:00 de este 18 de febrero en el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, según la convocatoria oficial realizada por el titular del Parlamento, Niels Olsen, a los 151 legisladores para la sesión de carácter presencial.

Se trata del primer juicio político que se desarrolla en el actual periodo legislativo, iniciado en mayo de 2025. El proceso llega al pleno luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobara el pasado 13 de febrero un informe que recomienda enjuiciar políticamente a Godoy por “manifiesta inoperancia” en el cumplimiento de sus funciones.

Cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego, impulsaron el pedido. Veloz y Samaniego actuarán como interpelantes durante la sesión. La acusación sostiene que Godoy habría inobservado el artículo 168 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar la independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia.

El informe de la Comisión de Fiscalización concluye que la conducta atribuida al presidente del Consejo de la Judicatura se enmarca en la causal prevista en el artículo 255 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contempla la responsabilidad política por “manifiesta inoperancia”, y no en una causal genérica de incumplimiento de funciones. Entre los elementos señalados se incluyen cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a la renuncia y las acciones adoptadas para garantizar la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, así como presuntas injerencias indebidas en asuntos jurisdiccionales.

El eje central de la controversia gira en torno a la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presiones desde la estructura administrativa de la Judicatura mientras conocía un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico. La causa terminó con una sentencia de diez años de prisión contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, identificado por las autoridades como parte de una estructura criminal internacional. Tras ese fallo, Serrano denunció amenazas, el retiro de su seguridad policial y una serie de decisiones administrativas que, según su versión, pusieron en riesgo su integridad y la de su familia.

El caso escaló cuando se difundieron audios en los que se escucha al entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, solicitar al juez que “preste atención” a la defensa del procesado. Las grabaciones, fechadas en noviembre de 2025 y divulgadas por el medio Primicias, son consideradas por la RC como un indicio directo de interferencia indebida en la función jurisdiccional. Gaibor fue posteriormente requerido para que presente su renuncia, mientras la Fiscalía abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias.

A este escenario se sumó la revelación de que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, constó como defensora del ciudadano serbio durante la etapa previa al juicio, según registros del sistema judicial. Aunque Godoy ha insistido en que esa participación no constituye un conflicto de intereses y que recibir notificaciones no implica actuación procesal, el vínculo ha alimentado las críticas sobre la independencia del órgano encargado de gobernar y disciplinar a la Función Judicial.

El procedimiento se desarrollará conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los interpelantes dispondrán de hasta dos horas para exponer los cargos con base en las pruebas actuadas en la fase probatoria. Posteriormente, Godoy contará con un máximo de tres horas para presentar su defensa ante el pleno. Luego, cada parte podrá ejercer el derecho a réplica por hasta una hora.

Finalizadas las intervenciones, el presidente del Consejo de la Judicatura deberá retirarse del hemiciclo y se abrirá el debate parlamentario. Cada legislador podrá intervenir por un máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. Durante o al término del debate podrá presentarse la moción de censura y destitución. Si no se presenta dicha moción, la solicitud quedará archivada. Se prevé que la sesión se extienda por más de seis horas.

Para que prospere la censura y destitución se requieren al menos 101 votos afirmativos, conforme al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De acuerdo con pronunciamientos previos de distintas bancadas, existiría una mayoría legislativa dispuesta a respaldar la censura, con el apoyo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, la Revolución Ciudadana, tres legisladores de Pachakutik, tres del Partido Social Cristiano y algunos independientes.

El desenlace del juicio político marcará un precedente en el actual periodo parlamentario y tendrá efectos directos sobre la conducción del órgano encargado de la administración disciplinaria y organizativa de la justicia en el país. Si se alcanzan los votos necesarios, Godoy será censurado y destituido; de lo contrario, continuará en funciones y el proceso será archivado.