La operación internacional contra una de las redes de fraude migratorio más extensas de los últimos años dejó 19 detenidos en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador, según informó el Departamento de Justicia de EEUU. Entre los capturados están cinco personas acusadas formalmente en Florida por integrar una estructura transnacional dedicada, durante cuatro años, a defraudar a miles de migrantes con falsas visas de trabajo H-2B. Ocho de los arrestos se ejecutaron en Ecuador en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional, como parte del componente local del esquema ilícito.
Las autoridades estadounidenses detallaron que los procesados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de dinero, fraude migratorio, suplantación de funcionarios y uso indebido de sellos oficiales. La acusación sostiene que la red defraudó a víctimas en más de 15 países y movió al menos USD 2,5 millones mediante intermediarios en distintos estados de EE. UU. y operadores en Medellín, ciudad donde se concentraba el liderazgo de la estructura criminal.
La investigación internacional logró su punto de quiebre gracias a un agente encubierto que, en noviembre de 2024, inició contacto con la red a través de una página de Facebook llamada Visa Solutions Assist. Según un reportaje de Primicias, el supuesto asesor le solicitó datos personales, lo incorporó a un proceso simulado de solicitud de visa H-2B y le exigió pagos progresivos mediante giros internacionales. En menos de tres meses, el agente había transferido USD 1.750, proporcionando evidencia clave para desmantelar la operación.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la estructura funcionaba con un alto grado de sofisticación. Los llamados “asesores” trabajaban desde call centers ilegales en Medellín, donde manipulaban a las víctimas a través de llamadas, videollamadas y correos electrónicos que imitaban procedimientos oficiales de agencias estadounidenses. Incluso se hacían pasar por funcionarios consulares durante entrevistas simuladas, entregaban números de caso falsificados y enviaban documentos con sellos clonados de entidades como USCIS y el Departamento de Estado.
Los hallazgos publicados por el medio ecuatoriano revelan que la falsa apariencia de legalidad reposaba en una infraestructura digital creada por miembros de la red, principalmente por Danna Pamela Porras, responsable de registrar y mantener decenas de dominios web que replicaban a los portales auténticos del Gobierno de EEUU. Entre ellos se incluían sitios como ucsisworld.us o inmigrantesusa.org, diseñados para engañar visualmente a los migrantes. La red también mostraba cartas laborales adulteradas y extractos bancarios simulados para convencer a las víctimas de que sus trámites estaban avanzando.
El fraude culminaba cuando los estafados acudían a las embajadas de Estados Unidos en sus países de origen a supuestas citas que nunca habían sido programadas. Según documentos oficiales citados por el Departamento de Justicia, no existió un solo caso de visas reales emitidas dentro del esquema. Algunas víctimas viajaron igualmente hacia Estados Unidos con documentos falsificados, pero fueron deportadas de inmediato al llegar, según confirmó la Policía ecuatoriana.
Otro componente crítico del esquema era el lavado de activos, ejecutado mediante una red de “proveedores” en EE. UU. que recibían fondos vía Western Union o cuentas bancarias personales. Los principales enlaces financieros —identificados en la acusación como parte del grupo liderado por Edwin Alberto Correa-David— redistribuían el dinero hacia Colombia a través de servicios como Dolex. El reportaje detalla que los proveedores cobraban tarifas fijas por cada operación, mientras que los líderes de la estructura comunicaban, mediante capturas de pantalla y lenguaje codificado, cómo debía distribuirse cada monto.
En Ecuador, la Policía reportó que los detenidos cumplían funciones de captación de víctimas, recepción de pagos y soporte logístico. Algunos fungían como testaferros, prestando sus cuentas para recibir depósitos que luego eran enviados al exterior. Habrían cobrado hasta USD 25.000 por persona, bajo pretextos como seguros obligatorios o contratos de inversión inexistentes.
Las autoridades estadounidenses han entrevistado ya a 700 víctimas y estiman que más de 7.000 personas fueron engañadas. La Fiscalía de Estados Unidos reiteró que los acusados están amparados por la presunción de inocencia, pero subrayó que este caso representa uno de los mayores golpes contra el fraude migratorio en la región.
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