
En Quito, un amplio operativo militar fue activado el jueves tras el avance de las protestas contra el aumento del precio del diésel en Ecuador, en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
El Ejército desplegó personal y recursos hacia la capital, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar episodios de violencia y destrucción observados en movilizaciones previas.
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Durante la mañana, marchas de decenas de manifestantes recorrieron diversas zonas de la ciudad.
Reportes oficiales citados por The Associated Press indicaron que en la salida norte de la vía Panamericana se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. La presencia militar y policial fue significativa, con entre 4.500 y 5.000 efectivos desplazados, acompañados de vehículos tácticos y medios aéreos, enfocados en mantener el control y resguardar bienes públicos y privados.
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Las protestas se desarrollan en el marco de un paro de cuatro días declarado por la Conaie, que rechaza la eliminación del subsidio estatal al diésel. Esta medida, anunciada el 13 de septiembre por el presidente Daniel Noboa, supone un recorte de USD 1.100 millones y provocó que el precio del galón aumentara de USD 1,80 a USD 2,80, impactando el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola.
La decisión del Ejecutivo profundizó la confrontación con organizaciones indígenas y sociales, que exigen revocar la medida.
La agencia EFE reportó que Ecuador suma 18 días de movilizaciones focalizadas, sin señales de acercamiento entre el Gobierno y los líderes indígenas. Aunque la convocatoria de la Conaie es nacional, la mayoría de las protestas se han registrado en seis de las veinticuatro provincias, destacando Imbabura, donde los bloqueos viales afectaron el abastecimiento y dejaron sectores incomunicados.
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Las movilizaciones coinciden con el inicio de un feriado nacional, intensificando la incertidumbre sobre el desarrollo de los acontecimientos.
La Conaie amplió sus demandas: junto a la restitución del subsidio al diésel reclama la reducción del IVA del 15% al 12%, mejores sistemas de salud y educación, y el rechazo a la consulta popular del presidente Noboa, que plantea la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.
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Para las autoridades, las protestas han tomado un carácter político; en contraste, los manifestantes denuncian represión y detenciones, especialmente en Otavalo, donde un ataque a una estación policial terminó con la quema de vehículos y varias personas procesadas por cargos de terrorismo.
El historial de movilizaciones indígenas en Ecuador incluye precedentes como los de 2019 y 2022, cuando las protestas masivas obligaron a revertir incrementos en los combustibles.
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Sin embargo, analistas advierten que en 2024 las protestas permanecen localizadas, sin afectar sectores estratégicos como el petrolero, minero o de agroexportación, lo que limita el alcance nacional del conflicto, aunque la afectación regional, en especial en Imbabura, ha sido calificada como devastadora por expertos consultados por EFE.
Fallos en la seguridad presidencial bajo investigación
Los desafíos para garantizar el orden público y la integridad de las autoridades parecen ir más allá del control de las manifestaciones, abarcando también el funcionamiento interno de las estructuras encargadas de proteger a las figuras centrales del Estado.
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En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha iniciado una investigación para esclarecer posibles fallos en la protección del presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana fuera atacada en Cañar mientras se dirigía de El Tambo a Cuenca, episodio enmarcado en una serie de agresiones similares ocurridas durante las últimas semanas.

La responsabilidad de la seguridad presidencial recae en la Casa Militar, cuyo desempeño ha sido cuestionado tras este incidente, y el caso ha generado controversia pública por la detención y posterior liberación de cinco personas, así como por las acusaciones de la Conaie sobre una supuesta criminalización de la protesta social.
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(Con información de AP y EFE)
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