La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez afirmó que la CIDH y la ONU “no deben desentenderse” de la situación de los derechos de “todos los bolivianos” y que “no puede haber justicia sin debido proceso” en los casos vinculados a la crisis de 2019 en el país.
Áñez (2019-2020) se refirió a este tema después de que ambos organismos manifestaron preocupación por decisiones recientes de tribunales en Bolivia que anularon, en la vía penal, dos casos sobre muertes de civiles durante la crisis de 2019, en los que ella figura como principal acusada.
En su perfil de X, la ex gobernante expresó: “La @CIDH y la @ONU_derechos no deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo)“.
Áñez sostuvo también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos no deben “olvidar” que “precisamente el Gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso” y le negó sus derechos desde su detención en marzo de 2021, situación que, según la ex presidenta, representó un “secuestro”.
Afirmó: “No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”.
Recordó que el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, manifestó “su preocupación” porque se le negó “el derecho a juicio de responsabilidades” pese a su condición de ex presidenta, lo que, según Áñez, se debió a “instrucciones políticas” del ex mandatario Evo Morales (2006-2019).
En un comunicado emitido este viernes, la CIDH y ONU Derechos Humanos señalaron que “la anulación de lo actuado en los procesos judiciales” en los casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’ puede representar “un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
Estos casos investigan las muertes de civiles en 2019, durante enfrentamientos en la zona de Senkata, en El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región de Cochabamba, días después de la renuncia y salida de Evo Morales del país.
Ambos organismos internacionales hicieron un llamado a “las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”.
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la jurisdicción ordinaria por “incompetencia de materia” y remitirlos a un juicio de responsabilidades para Áñez, resoluciones que también benefician a policías y militares imputados por los casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’.
Áñez ha solicitado en reiteradas ocasiones un proceso especial como ex presidenta y en 2023 presentó una denuncia contra el Estado boliviano ante la CIDH por no otorgarle un juicio de responsabilidades.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se llevan a cabo a instancias del Gobierno de Luis Arce y el MAS, quienes sostienen que existió un “golpe de Estado” contra Morales. Por su parte, los detractores de Morales aseguran que las protestas ocurrieron ante un fraude a favor del entonces presidente en las elecciones de ese año, las cuales fueron anuladas.
El oficialismo demandó a Áñez en la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no provenía del voto popular.
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