La Policía boliviana secuestró más de mil litros de combustible en medio de la crisis por desabastecimiento

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) secuestraron más de 1.000 litros de combustible en Bolivia y aprehendieron a dos conductores por la tenencia irregular de carburantes en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz. El operativo se luego de un periodo prolongado de desabastecimiento de diésel y gasolina que provocó largas filas en estaciones de servicio y perjuicio para varios sectores.

Según informó el director departamental de la Felcc, coronel Gabriel Neme, los vehículos de servicio público que pertenecían a los choferes aprehendidos fueron secuestrados como evidencia y permanecen bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones.

Las autoridades locales manifestaron que los controles en los surtidores y otros puntos estratégicos de la ciudad se intensificarán para prevenir este tipo de delitos que parece haberse incrementado en los últimos meses.

Desde hace dos años que Bolivia atraviesa periodos de escasez de combustible debido a las crecientes dificultades de importación por la falta de dólares. El país importa cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para cubrir la demanda interna, lo que representa uno de sus mayores gastos públicos. Este martes, el ministro de Economía informó que el país requiere de 1.800 millones de dólares para garantizar la dotación de carburantes hasta diciembre y solicitó la aprobación de créditos externos para poder cumplir parte de la demanda.

En paralelo, el Estado boliviano mantiene una política de subsidio de los combustibles -como una ayuda a los consumidores y las empresas para reducir sus costos operativos-, por lo que el precio del litro de diésel y gasolina es significativamente menor que en otros países.

En ese escenario se han formado redes de venta ilegal de combustible en las fronteras, que según datos del Gobierno generan pérdidas anuales de hasta 600 millones de dólares. De igual forma, una investigación periodística reveló desvío irregular de diésel para abastecer a la minería del oro en el norte de La Paz. El último tiempo, y ante la frecuencia de los periodos de escasez, también surgió un mercado negro en las ciudades: incluso en redes sociales se ofrecen bidones de gasolina a domicilio por un precio tres veces mayor que el oficial.

En medio de la escasez, el Gobierno reforzó los controles en las fronteras y las ciudades para evitar el desvío de combustible. Según el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, hasta el 1 de junio se habían incautado más de 120.000 litros de combustible, entre diésel y gasolina, que era desviado al contrabando y a otras actividad ilícitas. Los operativos de control lograron la detención de 107 personas y la incautación de 125 vehículos.

En una entrevista anterior, Jimenez explicño que luego de encontrar acopio y venta ilegal de combustible, se incauta el carburante y se lo entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) donde se realiza una prueba de calidad y, si cumple con los estándares requeridos, vuelve a las refinerías para ser comercializado.

El Código Penal Boliviano establece que el almacenamiento, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo son delitos, y tienen una pena privativa de entre 3 y 6 años de cárcel. Sin embargo, existen regulaciones para empresas o industrias que necesitan almacenar combustible para actividades específicas, quienes deben solicitar permisos especiales a la ANH.