La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez denunció amenazas contra sus abogados

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez (2019 - 2020), denunció actos de “persecución, amedrentamiento y terrorismo judicial” contra los miembros de su equipo jurídico para forzarlos a abandonar su defensa legal.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria señaló que tres de los abogados que la representan, Norka Cuellar, Luis Guillén y Rodrigo Salmón, recibieron amenazas para abandonar el ejercicio de su profesión y que “renuncien a defender la verdad de los hechos trágicos instrumentados por Evo Morales en 2019”, en referencia al juicio que enfrenta por la denominada Masacre de Senkata.

Sin hacer alusión a los posibles autores de estos mensajes, Añez expuso capturas de pantalla de WhatsApp en las que se leen advertencias como: “Cuídense y cuiden a sus familias”, y se menciona el nombre del colegio al que asisten los hijos de uno de los abogados.

La ex mandataria señaló que en base a esas pruebas, el Tribunal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer decidió este lunes notificar al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes para identificar a los autores de los mensajes y garantizar la seguridad de los juristas y sus familiares.

“Mi solidaridad con los abogados que luchan todos los días contra los abusos y las arbitrariedades de un sistema corrupto, especialmente en los procesos judiciales a los que hemos sido obligados de forma totalmente ilegal e inconstitucional”, escribió Añez.

La ex presidenta interina está detenida en una prisión de La Paz desde marzo de 2021 y cumple una sentencia de diez años por delitos relacionados con el caso denominado ‘Golpe de Estado II’ que tiene que ver con su llegada al poder en 2019 tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) en medio de una profunda crisis política y acusaciones de fraude electoral.

Añez ocupaba entonces la segunda vicepresidencia del Senado y tras la renuncia de quienes seguían en la línea sucesoria a Morales, asumió el 12 de noviembre la presidencia de la Cámara y luego la del Estado, en sesiones que no contaban con el quórum reglamentario ni siguieron los protocolos establecidos.

En ese sentido, la legalidad de su mandato ha sido uno de los clivajes de la polarización política en los últimos años. En el evismo creen que se trató de un golpe de Estado, porque la renuncia de Morales fue forzada ante la rebelión de las fuerzas del Estado y porque Añez asumió el poder sin cumplir con los reglamentos. En tanto, el antimasismo considera que la sucesión fue constitucional y justifica el procedimiento ante el “vacío de poder”.

Adicionalmente a la condena de diez años que cumple en la cárcel de Miraflores, la ex mandataria enfrenta otros juicios relacionados con su gestión interina, que incluyen acusaciones por delitos como genocidio, terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Su situación jurídica ha generado controversia a nivel nacional e internacional sobre la imparcialidad del proceso. El año pasado, el ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que la ex presidenta fue sometida a un juicio ordinario -y no de responsabilidades- por “capricho” de Morales y que dijo que es probable el caso termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta confesión que provocó críticas por la instrumentalización política de la Justicia y avivó los pedidos de su liberación.