Daniel Salcedo Bonilla –condenado por delincuencia organizada en el caso Metástasis– y Carlos Edwin Angulo Lara, alias Invisible –sentenciado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio–, fueron descubiertos en posesión de artículos prohibidos dentro de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde cumplen largas condenas por corrupción y asesinato, respectivamente.
La madrugada del 26 de abril de 2025, durante un operativo militar de control, personal de las Fuerzas Armadas registró sus celdas y halló un teléfono celular, una minicámara y una envoltura plástica con “una sustancia vegetal verdosa”, según informó Ecuavisa. Tras el hallazgo, las evidencias quedaron bajo custodia y los reclusos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, para la audiencia correspondiente por el presunto delito de ingreso de artículos prohibidos a la prisión.
En dicha diligencia, la Fiscalía General del Estado informó, el 27 de abril, que un juez de turno acogió su pedido y dictó una nueva orden de prisión preventiva contra Salcedo por el ingreso no autorizado de los dispositivos y la sustancia incautada. El delito está tipificado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con hasta tres años de prisión. La noticia también fue difundida por la propia Fiscalía a través de sus redes sociales, donde anunció la medida contra Salcedo tras el operativo realizado en “La Roca”.
Este no es el primer caso de ingreso de objetos prohibidos que involucra a Daniel Salcedo. En 2021, según reportó Teleamazonas, el entonces recluso ya fue sentenciado a la pena máxima (tres años de prisión) luego de que las autoridades encontraran un teléfono celular en su celda de la cárcel de Cotopaxi.
Actualmente, Salcedo cumple condenas que suman más de 32 años de prisión por los delitos de lavado de activos, peculado y delincuencia organizada, relacionados con tramas de corrupción ocurridas durante la pandemia de COVID-19. Estas sentencias se derivan de casos de corrupción en contrataciones públicas durante la emergencia sanitaria, en los cuales Salcedo fue uno de los principales involucrados.
Por su parte, Carlos Edwin Angulo Lara, alias Invisible —señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos— enfrenta una condena de 34 años de prisión impuesta en julio de 2024 por haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La Justicia determinó que Angulo coordinó ese crimen desde la cárcel de Cotopaxi, donde purgaba otras sentencias al momento de dar la orden a sicarios para ejecutar el atentado.
La situación legal actual de Angulo tras el hallazgo de los objetos prohibidos no ha sido detallada públicamente. Hasta la noche del domingo 27 de abril, la Fiscalía no se había pronunciado sobre eventuales medidas cautelares adicionales en su contra por este nuevo caso. Ambos reclusos continúan detenidos en La Roca y están a la espera de las decisiones judiciales que se adopten en este proceso, el cual entrará en su fase de instrucción fiscal con miras a un eventual juicio.
El ingreso de artículos no permitidos en las cárceles es un problema recurrente en Ecuador. En lo que va del año, las autoridades han intensificado los operativos de requisa en los centros penitenciarios para decomisar armas, drogas, celulares y otros dispositivos ilegales, en un esfuerzo por frenar la corrupción y la violencia vinculada a las mafias carcelarias. Pese a estas medidas, se continúan detectando nuevos casos que evidencian los desafíos de mantener la seguridad y el orden en las prisiones del país.
Asimismo, la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde se encuentran recluidos Salcedo y Angulo, fue reabierta en febrero de 2023 como parte de las estrategias estatales para contener a los líderes de organizaciones criminales tras años de crisis carcelaria en Ecuador. Este centro penitenciario, ubicado en el norte de Guayaquil, está diseñado para albergar a presos de alta peligrosidad en régimen de aislamiento, bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, los recientes hallazgos evidencian las dificultades persistentes para evitar el ingreso de objetos prohibidos incluso en instalaciones de máxima custodia, en un sistema penitenciario marcado por la corrupción y la penetración del crimen organizado.
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