El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua designó como nuevo ministro de Hacienda al actual viceministro de la cartera, Bruno Gallardo, en sustitución de Iván Acosta, quien presentó su renuncia, informó este jueves la Gaceta Oficial del país centroamericano.
Acosta, sancionado por Estados Unidos en mayo de 2020, asumirá otras responsabilidades, según la gaceta. El relevo se produce luego de que algunos medios nicaragüenses reportaron que había sido destituido. Algunos diarios, como Confidencial y La Prensa, reportaron que la casa del funcionario fue allanada.
El ministro saliente era considerado uno de los grandes técnicos del régimen sandinista en materia económica y financiera.
Gallardo, de 79 años, se graduó como maestro en la Universidad Nacional Autónoma y fue dirigente sindical durante la dictadura de Anastasio Somoza. Ha sido director de Asesoría Legal y director general de Contrataciones del Estado, según un perfil publicado en la página web del Banco Central de Nicaragua. Como viceministro de Hacienda había estado firmando acuerdos de crédito con organismos internacionales desde que Acosta fue sancionado.
Iván Acosta ocupaba el cargo desde 2012. Fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por apoyar financieramente al régimen de Daniel Ortega y por supuestamente amenazar a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por la oposición para liberar a los presos políticos en 2019.
Los medios locales Confidencial y La Prensa habían informado en los últimos días que la casa de Acosta y su oficina habían sido allanadas por la policía, lo que sugiere que podría haber caído en desgracia con Ortega. El portal 100% Noticias reportó que fue detenido la noche del miércoles y que está bajo investigación en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote.
Según Confidencial, la renuncia de Acosta estaría vinculada a una red de corrupción que involucraría a otros funcionarios del ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El régimen emprendió una sangrienta represión de las protestas antigubernamentales en 2018, durante la cual murieron más de 360 personas, en su mayoría a manos de la policía y otras fuerzas de seguridad, según recuentos de grupos de derechos. Desde entonces, disidentes de amplios sectores de la sociedad, incluidos periodistas y figuras religiosas, han sido encarcelados.
En 2021, Washington impuso sanciones y denunció la reelección de Ortega como una “farsa”, después de que todos sus principales opositores fueran detenidos por la policía en los meses previos a la votación.
(Con información de Reuters)
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