Los sectores que se oponen a un proyecto de ley que establece la “jubilación forzosa” partir de los 65 años en Bolivia, como los trabajadores en salud, de universidades públicas y maestros, culminaron este jueves tres días de huelga y anunciaron que evaluarán nuevas medidas de protesta.
La medida de presión, que comenzó el martes, fue encabezada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) con una huelga que redujo las atenciones médicas en el sistema público de salud únicamente a servicios de emergencias.
También se sumaron los maestros urbanos y los funcionarios de las universidades públicas, que se movilizaron en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento, con marchas en el centro de la ciudad.
Los manifestantes portaron pancartas con exigencias como “jubilación digna” y en oposición a la “jubilación forzosa”.
La protesta cuestionó la disposición adicional única del ‘Proyecto del Ley 035′ que plantea que los mayores de 65 años “se acogerán y ejercerán el derecho a un pensión de vejez” y que para su “continuidad laboral” podrán someterse a un “examen médico de aptitud física y mental”.
La propuesta no toma en cuenta a las autoridades electas ni a los funcionarios de libre designación en las instituciones estatales.
“El proyecto de ley está fuera de la Constitución Política del Estado (...) están discriminando a un gran sector de los bolivianos en detrimento de otro sector como los políticos”, dijo a EFE Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico de La Paz.
“Expresamos nuestro rechazo contundente del proyecto de ley 035, consideramos que debe primar el diálogo y estamos solicitando al Gobierno que se tengan mesas técnicas para que se solucionen estas ambigüedades (en la redacción)”, declaró a EFE el rector interino de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Walter Montaño.
Los representantes de los trabajadores en salud calificaron de “positiva” la protesta de 72 horas y anunciaron que este viernes se reunirán en Santa Cruz para “hacer un balance” de su movilización y “tomar medidas necesarias”.
Por su parte, el Gobierno manifestó esta semana que el proyecto de ley “en ninguna parte establece la jubilación forzosa” y que la interpretación realizada por los sectores movilizados es “errónea”.
El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, declaró que la propuesta de ley busca “incrementar las pensiones de jubilación” y fortalecer el Fondo Solidario de pensiones con un ajuste al aporte de los empleados públicos y privados.
El Ejecutivo boliviano cuestionó que los sectores movilizados realicen protestas y suspendan los servicios de salud en lugar de plantear recursos legales.
La jubilación en Bolivia es a partir de los 58 años en el caso de los hombres y de 55 para las mujeres, mientras que la renta de vejez se calcula según los años de aportaciones al sistema de pensiones y el nivel salarial obtenido.
Asimismo, el país cuenta con un fondo solidario de pensiones que está compuesto por varias fuentes de financiación, como el saldo acumulado del aportador, una compensación del Tesoro General de la Nación (TGN) y una “fracción solidaria” que proviene de los trabajadores del sector público y privado.
En Bolivia hay 219.266 jubilados que reciben una renta de vejez del fondo de pensiones.
(Con información de EFE)
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