El Congreso de Guatemala retiró la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas, quienes estuvieron al frente de la organización de las elecciones celebradas este año

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Fotografía de archivo en la que se registró una vista panorámica general de una sesión plenaria del Congreso de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (EFE/Ulises Rodríguez)
Fotografía de archivo en la que se registró una vista panorámica general de una sesión plenaria del Congreso de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (EFE/Ulises Rodríguez)

El Congreso de Guatemala retiró en la noche del jueves la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios celebrados este año.

La decisión del Congreso fue votada esta noche a favor por 108 de los 160 legisladores que componen el Parlamento y deja sin inmunidad a los magistrados, quienes podrán ser investigados y detenidos en cualquier momento por el caso, promovido por dos activistas de extrema derecha.

El diputado de oposición Orlando Blanco denunció que la acción es ordenada por golpistas que buscan colocar nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revertir el triunfo en los comicios del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Los magistrados despojados de la inmunidad que gozaban por el cargo son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas, quienes estuvieron al frente de la organización de las elecciones celebradas este año en Guatemala.

Los votos para certificar el retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron de diputados de Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y de su aliados en el Congreso.

En total eran necesarios 107 votos, de acuerdo a la ley guatemalteca, y fue hasta la noche de este jueves cuando la bancada oficial y su alianza consiguió el total de congresistas que apoyaran la moción.

Imagen de Archivo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León (EFE/Lenin Nolly)
Imagen de Archivo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León (EFE/Lenin Nolly)

La acusación en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, por una investigación del Ministerio Público (Fiscalía), una entidad señalada de intentar revertir los resultados electorales de este año.

La Fiscalía ha asegurado que existen “irregularidades” en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto.

Dicho sistema de transmisión de resultados está vinculado solamente a la publicación de los mismos de manera rápida para la población, y no tiene nexos con los resultados oficiales.

Desde julio, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo en las urnas del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Movimiento Semilla.

El diputado de oposición Orlando Blanco advirtió que el objetivo de la Fiscalía y de otros posibles actores golpistas es nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revertir el triunfo de Arévalo de León, quien debe tomar posesión el próximo 14 de enero.

“Nunca habíamos tenido la situación que se está dando el día de hoy”, puntualizó Blanco en un mensaje a través de sus canales de comunicación.

Arévalo de León aseguró el pasado 1 de septiembre que la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles que las “injerencias indebidas” de la Fiscalía en el proceso electoral de Guatemala “han puesto en riesgo” la transición presidencial y el orden constitucional en la nación centroamericana a poco más de un mes de la fecha fijada de entrega de poder al mandatario electo Bernardo Arévalo.

(Con información de EFE y AP)