La CIDH tildó de “abuso de poder” el pedido de retiro de inmunidad a Arévalo por parte de la Fiscalía de Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió este sábado a las recientes acciones de la Fiscalía de Guatemala contra el presidente electo Bernardo Arévalo y denunció que está ejerciendo un “abuso de su poder” sobre los miembros del Movimiento Semilla.

En un comunicado, el organismo hizo un “llamado a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público, que atentan contra el orden democrático, la voluntad soberana de la población, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio de las libertades civiles y políticas”.

Este viernes, el fiscal Ángel Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, formalizó su solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que apruebe el retiro de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo de León; a su vicepresidente, Karin Herrera; y a por lo menos cinco diputados del partido, en el marco de una investigación que se inició en 2022.

La causa acusa a los señalados de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, supuestamente ocurridos durante la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en abril del año pasado. Entonces, un grupo de estudiantes se rebeló ante el rector Walter Mazariegos, quien cometió fraude en las elecciones que lo dieron por ganador, y tomó la sede de la institución.

Arévalo respaldó esta iniciativa, por la que ahora está siendo investigado.

Junto con el pedido, la Fiscalía allanó en sedes varias del Movimiento y emitió órdenes de arresto contra unas 25 personas, entre las que había ex funcionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.

Enseguida, el mandatario electo denunció estos hechos como un “asalto a la democracia” y exigió “el respeto a la seguridad e integridad de cualquier integrante del partido, sometido a estos abusos”.

En su apoyo se expresó también la Organización de Estados Americanos (OEA) que sigue de cerca los intentos del oficialismo guatemalteco por impedir la investidura el 14 de enero y ha adoptado un rol activo en la gestión del traspaso de mando. En una resolución, el secretario general Luis Almagro señaló que las acciones del Ministerio Público son “de carácter político, (...) distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes para un sistema democrático”.

Por su parte, líderes indígenas, que han demostrado ser fieles defensores de Arévalo, se manifestaron en repudio de Consuelo Porras y la cúpula de la Fiscalía y prometieron intensificar sus protestas, iniciadas hace más de un mes y medio.

“Toda la información conocida públicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de callar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado”, declararon en un texto que lleva la firma de la entidad Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew.

Desde que Arévalo fue declarado ganador en el balotaje del pasado agosto, frente a la ex primera dama Sandra Torres, el oficialismo se ha esforzado por impedir a toda costa su llegada al poder. Así, ya ha avanzado con la suspensión del partido, denuncias infundadas y hasta allanamientos en la sede el Tribunal Supremo Electoral que acabaron con la confiscación de las urnas electorales.

(Con información de EFE)