El Congreso de El Salvador avaló juicios “masivos” para los detenidos durante el régimen de excepción

El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles disposiciones transitorias especiales para que los detenidos durante el estado de emergencia que rige desde principios de 2022 para combatir a las “maras” o pandillas criminales sean procesados en grandes grupos, un paso cuestionado por políticos opositores y expertos.

La Asamblea, dominada por diputados del partido del presidente Nayib Bukele, aprobó las medidas con 67 votos a favor y 6 en contra, bajo el argumento de que otorgarán mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales, mientras sus detractores las consideran una vulneración del debido proceso.

El gobierno de Bukele ha sido colocado en el ojo del huracán por organizaciones de derechos humanos a raíz de las detenciones masivas de presuntos integrantes de esas organizaciones criminales, su exposición pública en situaciones denigrantes y su ingreso en prisiones especialmente creadas para ellos.

Las nuevas disposiciones permitirán a la Fiscalía utilizar los mismos elementos de prueba para las personas que tengan algún tipo de relación, ya sea por sus vínculos personales, porque coincida el área en que cometieron los delitos o por la identidad de las víctimas, en un plazo de 24 meses.

El martes, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, estimó que con las nuevas disposiciones podrían ser enjuiciados hasta 900 imputados en un solo proceso. La Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios son las principales pandillas del país.

“Claramente vulnera principios que son fundamentales de presunción de inocencia (...) porque hoy tenemos capturas donde simplemente la policía y las fuerzas armadas han catalogado como sospechosa a cualquier persona y la han detenido”, dijo a Reuters el diputado César Reyes, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba “regresando a la época inquisitiva”. “Es grave porque les van a imputar a la gente delitos que no han cometido, por el hecho de simplemente relacionarla con una estructura criminal”, añadió.

Por otra parte, la cifra de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción asciende a más 71.770, según informó el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

“Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71.776 capturas”, comentó el funcionario durante una entrevista matutina en un canal local.

Villatoro señaló que las autoridades de Seguridad salvadoreñas “tienen comunicación” con las de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos” para que se capturen a miembros de dichas estructuras que “han huido a esos países”.

Apuntó que, “gracias a esta colaboración”, se han localizado y detenido a aproximadamente 30 personas en Guatemala, “arriba de 15″ en Belice, “entre 4 o 5″ en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica.

Además, apuntó que a la fecha se han capturado a “1.100 cabecillas (líderes) de pandillas” y que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 11 de julio la decimosexta ampliación por 30 días de la medida de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.

El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas.

La organización que vela por los derechos humanos había llamado al gobierno de Bukele el pasado mes de abril a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”.

“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.

(Con información de Reuters)

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