Habiendo vencido el plazo para presentar enmiendas para modificar el proyecto elaborado por una Comisión Experta, los representantes encargados de presentar la propuesta final para una nueva Constitución en Chile, ya saben sobre qué van a trabajar.
En la derecha, el Partido Republicano presentó casi 400 enmiendas, varias de las cuales son discutidas desde otros sector y prometen elevar la tensión y las pasiones. Porque ahora es cuando comienza el debate en serio.
Entre las propuestas defendidas por el partido de derecha, una parece una causa humanitaria pero esconde un trasfondo mayor.
Los consejeros republicanos plantean que “las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio”.
El texto aclara que esta disposición “solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.
Y ha generado polémica porque se entiende como un posible “perdonazo” a los presos de Punta Peuco, un centro de detención especial para militares retirados y procesados por crímenes cometidos durante la dictadura.
La norma ya tuvo una primera y áspera discusión en comisión de Principios del Consejo Constitucional. Este miércoles, cuenta el diario La Tercera, el grupo acogió la exposición de Enrique Cordovez, un ex oficial de la Armada, quien lideró una iniciativa popular de norma, propuestas presentadas por el público, que alcanzó los 10 mil apoyos requeridos para que sea discutida, y que habla de lo mismo.
En esa sesión, la comisionada socialista Catalina Lagos mencionó el ejemplo de Miguel Krassnoff, ex agente de la dictadura que suma sentencias por más de 900 años por crímenes cometidos bajo el mando de Augusto Pinochet. Krassnoff tiene 77 años y está recluido en el mencionado penal.
Los números
La enmienda propuesta por los representantes republicanos ya tuvo una primera respuesta desde el gobierno. En entrevista con radio Cooperativa, el ministro de Justicia Luis Cordero, aseguró que la discusión de esta regla es más compleja que lo de la edad. “Se tiene que considerar el tipo de delito por el que esas personas han sido condenadas”.
El secretario de Estado le puso números a la discusión. Dijo que en Chile hay 265 personas en prisión que tienen sobre 75 años. De ellas, “153 son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos”.
En ese sentido, Cordero puntualizó que en el caso de delitos de lesa humanidad, los requisitos para obtener beneficios penitenciarios son mucho más estrictos que para delitos más convencionales. “En el caso de los indultos, tanto la administración Bachelet como esta administración entiende que aplicando el derecho internacional de los derechos humanos, esos delitos son inindultables”.
El consejero republicano Antonio Barchiesi explicó que la norma “va destinada a que cualquier persona mayor de 75 años que se encuentra cumpliendo condenas en recintos penitenciarios cumplan esas mismas condenas en sus casas de forma total. Es un cambio en el recinto, no es un cambio en la pena”.
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