Imputaron por lavado de dinero a un diputado paraguayo vinculado con la banda narco que mandó a matar al fiscal Pecci

El diputado y senador electo por el Partido Colorado, Erico Galeano Segovia, fue imputado este viernes por la Justicia de Paraguay, acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos Anticorrupción y de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico -respectivamente- definieron este paso en el marco del operativo A Ultranza Py y solicitaron la prisión preventiva como medida cautelar, ante el peligro de fuga.

Asimismo, pidieron al Ministerio Público la inhibición de enajenar y gravar bienes, así como todas sus cuentas bancarias y el secuestro de una aeronave que estaría relacionada con una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y que está siendo investigada en la causa.

Tras conocerse la noticia, el presidente electo Santiago Peña difundió un comunicado en el que manifestó que le solicitó “personalmente al diputado que se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales, a fin de deslindar su responsabilidad de los hechos que le atribuyen”.

“Como autoridades electas y en su caso, por segunda vez, nos debemos a la ciudadanía y nuestra conducta está permanentemente bajo escrutinio público, por lo que soy un convencido de que el respeto a las leyes y las instituciones debe partir de nosotros”, agrega la nota y concluye asegurando que se velará en todo momento por las debidas garantías e independencia de las partes involucradas en la investigación.

La imputación surge en el marco del operativo A Ultranza, que estudia un presunto caso de lavado de dinero cometido por el diputado.

La Justicia investiga una aeronave de la marca Beech que habría sido utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre los que figura Sebastián Enrique Marcet Cabrera, y que podría haber facilitado el envío de sustancias al extranjero.

“Él habría prestado su aeronave a los principales investigados en el Operativo A Ultranza Py”, comentó el fiscal Silvio Corbeta.

Esta organización es, a su vez, la señalada por la Justicia colombiana de estar detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Según documentos del Ministerio Público, Galeano habría recibido sumas de dinero a cambio del uso de la nave, el cual fue insertado en el sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, y a través de compras de bienes.

Una de estas transacciones quedó al descubierto el 26 de marzo de 2022, mientras la Justicia realizaba un allanamiento en una vivienda de Miguel Ángel Insfran Galeano, quien fue extraditado desde Brasil, que había sido adquirida en su favor por Hugo Manuel González Ramos. En esta oportunidad, se halló una factura ANDE a nombre del Diputado que sugiere que la propiedad era, en realidad, suya y que para adquirirla utilizó 1 millón de dólares provistos por esta banda narco.

“El señor Erico Galeano recibió –en efectivo–, la suma de USD 1.000.000, proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, cuya ganancia la obtuvo Miguel Ángel Insfrán Galeano, mediante la realización de la referida actividad ilícita; y a fin de asegurarle el disfrute de dicho bien, el citado imputado celebró el contrato privado de compraventa con Hugo Manuel González Ramos”, se lee en el acta de imputación.

La situación de los implicados se complicó al prestar su declaración la escribana Olga Peralta quien asegura haber sido la encargada de confeccionar el contrato de compraventa del inmueble, en el que constan las firmas de Galeano y Ramos.

Sumado a esto, se dio una tercera irregularidad que data de 2018, cuando el legislador no incluyó este inmueble en su declaración jurada y recién lo hizo en su rectificación en 2022, aunque por el valor de G 4.200 millones y con el fin de desvincularse de los dos implicados, ya imputados en la causa.

Corbeta sumó que no desestiman la posibilidad de abrir más causas en tanto avanzan las investigaciones ya que “puede traer mucha cola y puede comprometer a muchas personas”. “Consideramos una alta expectativa de pena”, concluyó.

Ahora, el juez a cargo del caso deberá comunicar la causa a la Cámara de Diputados, donde será analizada y, eventualmente, se procederá con su desafuero.

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