Gobierno de Ecuador, sobre la masacre en la cárcel: “Es un acto de terrorismo para causar conmoción y la destitución del presidente”

El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, evaluó de esa forma el motín de este fin de semana en la penitenciaría de Guayaquil que dejó 68 muertos

Compartir
Compartir articulo
Las imagenes del techo de la penitenciaria Guayas 1, en Guayaquil, donde se produjo la última de una serie de masacres carcelarias en Ecuador.
Las imagenes del techo de la penitenciaria Guayas 1, en Guayaquil, donde se produjo la última de una serie de masacres carcelarias en Ecuador.

La versión oficial sobre la última masacre en una cárcel del Ecuador relaciona al brutal asesinato de 68 presos con una conspiración política. La Presidencia cree que los fatales hechos del último fin de semana buscan que en el país haya una fuerte “conmoción social” con el objetivo de destituir al presidente Guillermo Lasso, que asumió el poder el pasado mes de mayo.

El último viernes a las 19 se encendió la primera alerta sobre un nuevo incidente dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel donde el pasado septiembre fueron asesinados 119 prisioneros. Las trágicas y sangrientas horas se transmitieron en un Facebook Live. Varios periodistas fueron contactados por los presos que suplicaban que hubiera una intervención porque otros reos estaban a punto de ingresar al pabellón 2 de la Penitenciaría. Otros presos escribieron a sus familias para despedirse. El resultado de esa noche fueron 68 presos asesinados e incinerados.

Después de los terribles hechos suscitados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, y frente a decenas de familiares que incluso hasta este lunes esperan saber de sus seres queridos, el gobierno tardó más de 15 horas en dar una primera versión oficial. En la rueda de prensa que se realizó en Guayaquil, la comandante general de la Policía, Tannya Varela, dijo que los hechos respondían a la liberación de uno de los cabecillas de las pandillas carcelarias, esto habría provocado que el pabellón se quede sin protección. Vareala atribuyó los hechos a una pugna de bandas por poder. Sin embargo, este último lunes, la versión oficial es otra.

En una entrevista con Teleamazonas, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón dijo que “las personas que fueron asesinadas eran delincuentes que no tenían que ver con las bandas”. Los asesinatos sucedieron en el pabellón 2, donde está el ala F, conocida como “transitoria”. Ese es el lugar donde están los nuevos reclusos que serán reubicados, donde están personas con “prisión preventiva” y donde cumplen sus penas personas sentenciadas por delitos menores.

Frente a ello, Jijón cuestionó el objetivo de la masacre y dijo que: “se ha cometido un acto de terrorismo para causar una conmoción social muy fuerte, en un momento político en el que un informe pide la destitución del Presidente de la República la misma semana en que la Asamblea Nacional debatirá sobre si existe un estado de conmoción social y (a este) se lo ha fabricado el viernes”, aunque aclaró que “esta es una hipótesis”.

El vocero presidencial se refiere al informe elaborado por la comisión de Garantías Constitucionales del congreso ecuatoriano que investiga al presidente Guillermo Lasso y su vinculación con empresas offshore cuando inscribió su candidatura que le permitió ganar la silla presidencial. El informe emitido por la comisión asegura que Lasso tiene relación con este tipo de empresas y por tanto “el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social, y vergüenza colectiva, lo que provocaría un escenario de conmoción social, porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la anomia de las instituciones”.

La “conmoción social” citada en el informe y también por el vocero en su última entrevista es una de las causales que permite la disolución anticipada de los poderes representativos, según lo establecido en la Constitución del Ecuador. La llamada “muerte cruzada”, como se conoce a esta figura, puede ser aplicada por el Presidente de la República para disolver al Congreso o por el Congreso para destituir al Presidente.

La Comisión a cargo de elaborar un informe sobre la situación de la crisis penitenciaria en el país es la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que tenía un plazo 30 días desde que le fue asignado el mandato, misión que venció el pasado 30 de octubre sin que se haya presentado el documento, por lo que sus integrantes solicitaron una prórroga hasta el 8 de noviembre. Foto de archivo. EFE/José Jácome
La Comisión a cargo de elaborar un informe sobre la situación de la crisis penitenciaria en el país es la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que tenía un plazo 30 días desde que le fue asignado el mandato, misión que venció el pasado 30 de octubre sin que se haya presentado el documento, por lo que sus integrantes solicitaron una prórroga hasta el 8 de noviembre. Foto de archivo. EFE/José Jácome

Uno de los contertulios del vocero de la Presidencia en la última entrevista fue Francisco Huerta, político ecuatoriano que fue ex alcalde de Guayaquil. Huerta coincidió con Jijón en la hipótesis de una conspiración para generar la “conmoción social” que permita terminar con el mandato de Guillermo Lasso: “hay una vinculación política delincuencial, para crear la conmoción interna que justifique el informe de la comisión para la destitución”.

No es la primera vez que desde la Presidencia se habla de una conspiración. El mismo presidente Lasso, en una entrevista pasada, dijo que hay un “triunvirato de la conspiración” que busca destituirlo y calificó de conspiradores al ex presidente Rafael Correa, al actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y líder de las protestas en contra del gobierno, Leonidas Iza, y a Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil y líder histórico del Partido Social Cristiano, con quien Lasso llegó a la presidencia a través de un acuerdo político que se rompió en la primera semana en el poder.

Durante la entrevista, Jijón se mantuvo en que “el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación y acusar al gobierno de ser responsable de esta masacre”. Además, anunció que la situación en la Penitenciaría “está totalmente controlada” por el momento.

SEGUIR LEYENDO: