
A la dueña de la casa la habían hospitalizado en el sanatorio La Trinidad de Buenos Aires por un coma diabético. Allí mismo falleció. Era viuda y no tenía hijos así que el heredero legítimo de sus bienes pasó a ser su hermano. Este tramitó la sucesión en un juzgado de la capital argentina.
Mientras que se aprobaba el trámite, lo designaron administrador provisorio de la herencia de su hermana. Por eso, se dirigió hacia Punta Ballena, un barrio en Punta del Este, a ver una de las casas de las que era propietaria la viuda.
Pero cuando llegó, algo no estaba bien: la casa estaba vendida. La misma había sido comprada el 11 de junio de 2015, 29 días después de que su hermana hubiera fallecido.
Con abogados de por medio, el heredero profundizó en la búsqueda de documentación del negocio. Lo que sucedió fue que una escribana pública que empleó un poder extendido en Buenos Aires había autorizado la escritura de la compraventa de la casa. El poder tenía fecha del 23 de abril de 2015, cuando la ex dueña de la casa llevaba 17 días en coma en el hospital.
La firma de la propietaria, por lo tanto, fue falsificada. En Uruguay, el poder quedó en manos de otro escribano, de la misma escribanía que había generado el contrato de compraventa, informó FM Gente.
El propio comprador de la vivienda es ejecutivo de cuentas del banco que tenía como clienta a la propietaria original. Según el certificado notarial, el funcionario bancario había acordado con la mujer un costo de 250.000 dólares americanos por su casa en Punta Ballena. Solamente había pagado 40.000 al firmar la escritura. En el certificado también aparece la información de que el comprador renunció a los certificados registrales.
Entonces, el hermano heredero, mantuvo la postura frente a la justicia de que el negocio fue una estafa y que es de una nulidad absoluta porque no existió consentimiento de la propietaria y que esto no puede modificarse con un poder ya que el mismo cesa una vez que muerte la persona en cuestión, cosa que sucedió previo a la compraventa.
También, al pedir que se anulara la escritura, el hermano aseguró que hubo causa ilícita porque la compraventa fue parte de una maniobra más grande que consistía en apoderarse de todos los bienes de la mujer fallecida. No se encuentra en cuestión solamente la casa en Punta Ballena, sino otros dos inmuebles dentro de Argentina.

Sus cuentas bancarias, además, fueron vaciadas. Después del seis de abril, cuando la mujer fue encontrada inconsciente en su casa y, posteriormente, hospitalizada, el ejecutivo bancario autorizó trasnferencias y retiros de dinero. Algunas, incluso, sucedieron después de su muerte. Se retiraron, en total, 617.000 dólares.
Según la abogada del caso en Uruguay, María del Carmen Salazar, se trata de una maniobra realizada de ambos lados del Río de la Plata para obtener los tres inmuebles y el dinero del banco de manera ilícita. En Argentina se condenaron cuatro personas involucradas en la estafa, mientras que en Uruguay la justicia penal archivó la denuncia contra el bancario.
Sin embargo, se aprobó hace dos semanas la sentencia generada por la demanda civil. Se solicitó la anulación de la escritura en el juzgado letrado civil de 6º turno de Maldonado. La primera sentencia se dictó en marzo de 2019, donde se declaró la nulidad de la compraventa. Además, se le exigió entregar la propiedad al hermano de la mujer fallecida en menos de treinta días y se lo condenó a pagar al comprador los 17.000 dólares que producía la casa por alquiler cada año que no estuvo alquilada.
Aunque en la segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º turno declaró nulo lo que había sentenciado la justicia de Maldonado, ordenando que el expediente pasara a otro juez. En ese momento, la abogada del caso, Salazar, interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo de la justicia uruguaya y esté mantuvo firme la primera sentencia.
Para retomar la casa, el hermano heredero debe esperar a la voluntad del demandado para que el trámite sea rápido. En caso de que esta no sea la actitud del mismo, deberá esperar a que el expediente vuelva desde Montevideo a Maldonado y ese proceso, normalmente, lleva tres meses. Sin embargo, la abogada prefirió no estimar plazos concretos.
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